José Cavero.- El PP apoya la política con los ex presos etarras.

MADRID 21 Jul. (OTR/PRESS) -

Preguntado sobre la concesión de rebajas de grado y permisos regulares a presos etarras de Nanclares de Oca, el ministro Rubalcaba aseguró este lunes que "en Nanclares de Oca no hay ningún preso de ETA. Todos los que están ahí no están en ETA. Han condenado la violencia, han pedido perdón y están pagando las responsabilidades civiles a las víctimas. Están pagando la responsabilidad civil y, por tanto, lo que deben a las víctimas". Un argumento que le permitió concluir con la frase: "En Nanclares de Oca no hay ningún preso de ETA". Se producen estas declaraciones después de las informaciones sobre el llamado "modelo de cumplimiento personalizado" que el Ministerio del Interior ha aprobado y aplica para tres disidentes de la banda, a quienes permite salir de prisión para trabajar o estudiar, así como los permisos concedidos a otros seis presos, entre los que se encuentran Alvarez Santacristina, alias Txelis, o Kepa Picabea.

El vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, ha enmarcado las medidas dentro del pacto antiterrorista y expresó su apoyo a las políticas penitenciarias de Interior respecto a los presos distanciados de ETA. El portavoz reconoció que su formación está informada -aunque "genéricamente"- de estas decisiones, e incluso afirmó "que todos los Gobiernos la han practicado", también los del PP. Cabe recordar, en efecto, lo que sucedió en otros momentos de la historia reciente con los presos etarras, y en concreto, durante las legislaturas de José María Aznar (PP) al frente del Gobierno. En la primera legislatura se sucedieron gestos de distinto signo a favor de los presos etarras. Tras ganar las elecciones, en 1996, el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, acordó el acercamiento al País Vasco de 32 internos de la banda, entre ellos 13 condenados por asesinato. ETA mantenía secuestrado al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, y no lo liberó: fue rescatado por las fuerzas de seguridad. En esos dos primeros años de Gobierno popular se sucedieron los asesinatos de la organización terrorista. Pese a ello, Aznar mantuvo su política de acercamiento de presos (de la que también se benefició Iñaki de Juana Chaos, condenado por 25 asesinatos) hasta la tregua de la banda terrorista ETA de septiembre de 1998. Además, se concedió el tercer grado a presos etarras que se encontraban enfermos. Algunos murieron poco después de recobrar la libertad.

El asunto se debatió en el Comité de Dirección del PP de este lunes, previo a la comparecencia de Pons, según fuentes presentes en esa cita. Y fue el eurodiputado y ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja el único que planteó que estas salidas autorizadas a los disidentes puedan ser un engaño más de Zapatero y un ataque al pacto -en su línea argumental de que el Gobierno sigue negociando en secreto con ETA- pero según todas las fuentes consultadas se quedó solo en su posición. Además de Pons, otras fuentes del PP confirmaron que el Gobierno les informa puntualmente sobre los acuerdos más importantes en la lucha contra ETA. El interlocutor es el ex ministro de Defensa y responsable de Justicia e Interior, Federico Trillo. Gracias a esa vía, el PP conoce "las líneas generales", según uno de sus dirigentes. Con una queja: "Nos dan menos información que la que dábamos nosotros cuando estábamos en el Ejecutivo". Pons lanzó otro toque: "Deberían tener más sensibilidad con las víctimas". Pero sobre las medidas concretas para los ex etarras, el PP "no tiene nada que decir", según subrayan en la formación, "mientras el pacto antiterrorista se siga aplicando" y la persecución a ETA sea "implacable". "Instituciones Penitenciarias siempre ha adoptado decisiones de este tipo, sin importar el partido que estuviera en el Gobierno", insisten.

En cuanto a las salidas para trabajar y estudiar adoptadas por Instituciones Penitenciarias para tres presos, insiste el Gobierno en que cumplen estrictamente la ley. Fueron propuestas por el equipo técnico de la prisión de Nanclares de Oca -donde el Gobierno ha reagrupado a los principales disidentes en un "módulo de respeto"- y aprobadas por la Junta de Tratamiento de la cárcel y por la Dirección General. Dos de los tres casos ya han sido bendecidos por el fiscal y el juez central de Vigilancia Penitenciaria, y el tercero, aunque pendiente de este último trámite, es plenamente ejecutivo.

En eso se basó ayer el lehendakari Patxi López para asegurar que esas decisiones se han adoptado "dentro de la normalidad y la legalidad". "Si es cierto que hay gente que abandona la violencia y la rechaza, y además ha cumplido la parte que le corresponde de su condena, puede tener ese tipo de facilidades", afirmó López, que recordó que la Constitución establece que "el objetivo de la política penitenciaria es la reinserción". Quedan las reticencias y recelos de Mayor Oreja, pero ya sorprenden poco...