José Cavero.- Reformas legales para desatascar el TC.

MADRID 16 Sep. (OTR/PRESS) -

Informaciones que proporciona hoy el diario La Vanguardia, con la firma de su corresponsal político, sostienen que el Gobierno considera que la situación de estancamiento en que se encuentra el Tribunal Constitucional (TC) es gravemente contraria a la propia letra de la Carta Magna, y está dispuesto a jugar fuerte para impedir que siga prolongándose y, sobre todo, para evitar que se repita. El Ejecutivo es consciente de que necesita el acuerdo con el PP para renovar la institución y por tanto quiere primar las vías de diálogo, pero estudia reformas legales para que se cumpla el mandato constitucional de que cada tres años deben cambiar cuatro magistrados del TC. Ahora, en cambio, está a punto de producirse un doble incumplimiento de la Constitución. Cuatro magistrados, entre ellos la presidenta, María Emilia Casas, llevan casi tres años de prolongación de su mandato porque no se ha alcanzado un pacto para renovarles. Esa larga prórroga no tiene precedentes en las tres décadas de historia de la institución. Pero, además, está a punto de solaparse con el fin del mandato de otros cuatro magistrados, en noviembre próximo, con lo cual dos tercios de los doce miembros del TC estarían ejerciendo fuera del plazo para el que fueron elegidos.

Añade el mismo informador que el Gobierno está convencido de que esta situación se ha producido por la voluntad del PP de impedir la renovación del TC mientras estuviera pendiente la sentencia del Estatut. Y considera que, una vez dictado ese fallo, no debe repetirse el problema a la espera de otras resoluciones, como la relativa a la nueva ley del aborto. La no suspensión de esta norma ya se acordó por un solo voto de diferencia y el PP puede albergar la esperanza de que la ley sea declarada inconstitucional con la actual composición del TC. En todo caso, la situación de hecho que está a punto de producirse es que dos renovaciones del TC queden pendientes y se incumpla la previsión constitucional de que esta institución se renueva por tercios cada tres años. Es en este punto en el que el Gobierno está dispuesto a impulsar un cambio legal para impedir que el TC quede en situación de permanente y flagrante incumplimiento de la Constitución.

Se trata de garantizar que el TC mantendrá sus renovaciones periódicas, que no podrán solaparse. Para ello se estudia la posibilidad de que los primeros magistrados que nombre el Senado en sustitución de María Emilia Casas y otros tres jueces del TC, tengan un mandato efectivo más corto, de sólo seis años. La Constitución prevé plazos de ejercicio de nueve años, pero salvar este escollo se considera menos complicado que permitir que el TC viva siempre condenado a una situación anómala, de continua conculcación de la Carta Magna. Se recuerda que hubo un precedente para una actuación parecida: en el primer TC hubo magistrados que estuvieron sólo seis años en el cargo para que las renovaciones posteriores pudieran hacerse por tercios, cada tres años. Es obvio que si todos hubieran agotado el mandato de nueve años, los cambios por tercios habrían sido imposibles.

Paralelamente, las negociaciones del Gobierno y el PSOE con el PP no avanzan. La comisión de nombramientos del Senado, que debía reunirse este miércoles, lo hará la próxima semana. Este nuevo aplazamiento fue solicitado por el PP. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha apelado de nuevo a la "responsabilidad" del PP para acordar la renovación. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, negó, a su vez, que vaya a intervenir para pactar directamente con el líder del PP, Mariano Rajoy. Y mientras, el Constitucional prosigue su larga espera. Estas prácticas de dilación y atasco provocado tienen nombres feos en la vida política...