José Cavero.- El rescate del Estatut

MADRID 22 Ago. (OTR/PRESS) -

El PP tiene una nueva razón para continuar la crítica al Gobierno por la recuperación o rescate de algunas de las partes "censuradas" por los magistrados del Tribunal Constitucional en su controvertida sentencia. Se recordará que, tras aquella sentencia, el Gobierno se comprometió con el Govern de la Generalitat que preside José Montilla a recuperar, mediante otro tipo de normas que no fueran del rango del Estatuto de Autonomía, y no requirieran las exigencias en porcentaje de votos, de una ley orgánica. La mera divulgación de esta idea impulsó al PP a hablar de desacato y deslealtad constitucional, por cuanto se buscaban atajos a normas impedidas por el TC.

Pues bien, el Gobierno ha iniciado ahora el desarrollo y rescate de algunos de esos apartados del Estatuto de Cataluña que fueron anulados por el Tribunal Constitucional. En concreto, el Consejo de Ministros ha escuchado un informe del vicepresidente tercero, Manuel Chaves, cuya conclusión principal ha sido el dar un mandato al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, para promover las reformas legales para rescatar el capitulo de Justicia recortado por la sentencia del alto tribunal. Básicamente, se trata de delegar competencias del Consejo General del Poder Judicial a los consejos autonómicos previstos en varios estatutos, incluido el catalán.

Se recordará que la sentencia del Constitucional establecía, al recortar este punto del estatuto, que esa reforma debe hacerse desde la Ley Orgánica del Poder Judicial y no desde un estatuto de autonomía. Así pretende hacerlo ahora el Gobierno, modificando la correspondiente ley orgánica. También pretende modificar los recursos de casación, cediendo competencias que actualmente corresponden al Tribunal Supremo a los Tribunales de Justicia de cada comunidad. Igualmente, el ejecutivo modificará el Estatuto fiscal.

Además, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de la convocatoria de la Comisión Mixta entre el Estado y Cataluña para estudiar la transferencia de competencias previstas en el Estatuto y afectadas por la sentencia. A su juicio, se trata de impulsar un asunto pendiente del desarrollo estatutario en el ámbito de la Justicia, ya que ha sido este aspecto el que ha sido considerado inconstitucional por el Alto Tribunal. Ha recordado que los Consejos de Justicia ya han estado en el Parlamento, aunque el proyecto decayó y que ahora se va a retomar, con algunas modificaciones.

El Consejo de Ministros ha estudiado también los traspasos de competencias pendientes y se ha acordado impulsarlos a través de una Comisión delegada de Política Autonómica y de la Comisión Bilateral con Cataluña, que podría celebrarse en septiembre. Fernández de la Vega ha precisado que algunos traspasos "ya se vienen haciendo", mientras que otros están en trámite y otros hay que iniciarlos, y para hacer el calendario se convoca a esos órganos. Ha precisado que todas estas actuaciones pretenden desarrollar el Estatuto, una vez "avalada la práctica totalidad" de éste y aprovechar la situación para dar un impulso "al margen" que el propio Tribunal deja para ampliar el autogobierno, así como dar satisfacción a las "legítimas aspiraciones" de los ciudadanos de Cataluña, como son sus sentimientos identitarios.

Es evidente que el Gobierno no quiere "dejar para más adelante" los problemas surgidos por la aprobación por el TC de algunos aspectos que en sus recursos, el PP entendió como inconstitucionales.