MADRID 10 Abr. (OTR/PRESS) -
El dilema que durante décadas se planteó la sociedad, especialmente la profesión periodística, sobre si era conveniente informar mucho o poco, con gran aparato tipográfico o con uno más modesto, de todo lo concerniente a ETA, la mayor parte de el lo relativo a atentados sangrientos, parece haberse resuelto mediante la opción del exceso total, monstruoso, instrumental y gratuito: sólo se habla de ETA y de su entorno. O, mejor dicho, abundan los medios a los que parece interesar que sólo se hable de ETA y que alrededor de su sombra siniestra gravite distorsionada la política de la nación y, lo que es más grave, la vida diaria de los españoles.
Aquel dilema perseguía una resolución que necesariamente debería incorporar algo de sus dos extremos, pues si de una parte la información, el análisis, el debate y la opinión sobre el terrorismo y el fenómeno etarra constituían un derecho ciudadano irrenunciable en democracia y un deber de los medios de comunicación, de otra la demasiada atención, la excesiva sujeción a la infame actividad de los violentos podía derivar en la buscada propaganda de éstos. Un punto ponderado, razonable, templado, intermedio, se buscaba consensuar entre los partidarios de ambas fórmulas, pero lamentablemente se han salido con la suya los que explotando hasta el delirio la triste veta creen allegar beneficios para sus intereses políticos o, al final, económicos. La petición de permiso al Parlamento por parte del gobierno para iniciar una negociación, diálogo, proceso o como quiera llamarse para acabar de una vez para siempre con la violencia etarra debería haber trasladado la lucha social contra ella al terreno de la discreción, pero el ruido mendaz de la oposición acabó con el dilema, que ahora es otro: ¿Cómo regresará la razón?
Rafael Torres.