Antonio Casado.- Desbarajuste inmigratorio

MADRID 16 Abr. (OTR/PRESS) -

Del Consejo de Ministros del martes pasado ya salió la normativa de la nueva regulación extraordinaria de inmigrantes. Moncloa habla de 500.000 y Funcas de 850.000 a 1 de enero de 2025, aunque la realidad no ha parado de escalar en los quince meses transcurridos sin freno a la entrada legal y la permanencia ilegal de extranjeros en España.

Otro decreto de autor a espaldas del Congreso y de la Unión Europea. No es el primero ni será el último de un Gobierno que ordena y manda directamente en el BOE, cada vez más de Sánchez y menos del Estado. Lo cual ya apunta al defecto fundacional de las regularizaciones de personas que ya están trabajando en España sin cotizar, sin pagar impuestos (solo los indirectos por el hecho de consumir), pero con acceso a servicios públicos (transportes, sanidad, seguridad, educación, etc.).

Esa malformación original del decreto que nos ocupa reside en su falta de sintonía con el principal partido de la oposición (al menos con la fuerza llamada a gobernar) y con las políticas migratorias europeas que, como es sabido, están condicionadas con el dogma civil de la libre circulación entre los veintisiete países miembros.

Tirar por la calle del medio con improvisadas medidas oportunistas, en lo que debería ser una política de Estado integrada en el llamado espacio Schengen, es seguir aplazando el problema de fondo con parches para salir del paso sin dejar de mirar a las encuestas electorales.

Entretanto, se mantiene viva la dinámica generadora de una corriente inevitablemente unidireccional. La misma que se crea entre la miel y las moscas. Y si la analogía nos resulta desagradable, digamos que al campo no se le pueden poner puertas, aunque se puede y se debe regular-ordenar la dinámica del fenómeno con políticas concertadas a escala nacional y a escala europea.

Ese campo está prácticamente inexplorado, salvo ciertos palos de ciego que no merecen todavía la consideración de una verdadera política europea. Lo último ha sido la aprobación en el Parlamento Europeo (380 votos "sí", 206 "no") de un "reglamento de retorno" que abre la puerta a eventuales planes de deportación a terceros países de los inmigrantes cuyas solicitudes de ingreso en los países de la UE hayan sido rechazadas.

Por ahora no es una decisión irreversible de la Comisión que preside Ursula Von der Leyen, pero bastante duro es ya el Pacto de Migración y Asilo que entrará en vigor el próximo mes de junio y que contempla la expulsión de "desechables" (con perdón) a países donde carecen de arraigo.

Bien pensado, uno prefiere las regulaciones extraordinarias del Gobierno de Pedro Sánchez, aunque sigan siendo parches que no resuelven el problema, sino que lo cronifican.