Publicado 15/04/2022 08:01

Julia Navarro.- Derecho a saber

MADRID, 15 Abr. (OTR/PRESS) -

En mi opinión, los ciudadanos tenemos derecho a saber cómo gestionaron los responsables políticos la compra del material imprescindible para hacer frente al Covid durante aquellos primeros días, luego convertidos en meses, en que no teníamos ni mascarillas, ni test de diagnóstico, ni los sanitarios siquiera material con el que protegerse de los contagios.

Es evidente que las administraciones públicas se vieron desbordadas por la situación y que China, que es de donde se escapó el maldito Covid, mire usted por donde fabricaba mascarillas y todo el material necesario. De manera que en el fragor de la necesidad puede que algunos hicieran negocios redondos ofreciendo una labor de intermediación para conseguir todo de lo que aquí se carecía y necesitábamos con urgencia.

Así que sí, tenemos derecho a saber, a saberlo todo en vez de asistir a este espectáculo chusco al que nos tienen acostumbrados muchos de los responsables políticos actuales.

Para el Gobierno de Pedro Sánchez, y no digamos para sus socios, lo fundamental es saber si el hermano de Isabel Díaz Ayuso ganó dinero vendiendo mascarillas a la Comunidad de Madrid. Lo mismo sucede ahora con un primo del alcalde Almeida al que también se le señala por labores de intermediación. Pero eso sí, ni el Gobierno ni sus terminales mediáticas dicen ni una palabra sobre el hermano del Presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, al que se le señala por lo mismo que al hermano de Ayuso. Por no hablar de un "conocido" "amigo" del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, que cual superman salvador también surtió de mascarillas y de material anticovid al Gobierno, y eso que no se dedicaba a hacer negocios en ese sector, pero de la noche a la mañana, muy emprendedor, se puso a ello.

Y puesto que todos se acusan de lo mismo, a lo mejor se debería poner en marcha una comisión parlamentaria que estudiara detenidamente como se gestionaron esas compras y si fueron hechas de acuerdo con todos los requisitos de la ley. Se supone que para eso está el Tribunal de Cuentas y la Hacienda Pública, pero puesto que algunos políticos han decidido hacer política de este asunto, lo mejor es que se haga a lo grande, es decir con comisión parlamentaria y luz y taquígrafos. Los ciudadanos tenemos derecho a saber, pero a saberlo todo, no solo lo que quiere el Gobierno de Pedro Sánchez.

OTR Press

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