MADRID 20 Feb. (OTR/PRESS) -
Más de veinte diputados del Congreso se han quejado al presidente José Bono de la campaña de desprestigio que, a su juicio, está propiciando el debate sobre sus pensiones, sus haberes y demás prebendas. Consideran injusto que se hable de "privilegios" y se muestran reticentes al nuevo régimen de incompatibilidades que se quiere imponer en ambas cámaras.
Vaya por delante que la política y el parlamento deben contar con profesionales preparados, pues en ellos radica la soberanía popular y la capacidad legislativa. Pero lo mismo se podría decir del mundo de la Universidad, de la investigación, o de la medicina. Profesionales peor remunerados y a los que se ha aplicado la reducción de salario de los funcionarios.
El debate está en la calle porque, en plena revisión a la baja del estado del bienestar, con unos recortes en los derechos sociales aprobados por los mismos parlamentarios que ahora defienden su honra con tanto ahínco, no es admisible el trato de favor que, con pensiones e incompatibilidades, gozan sus señorías.
Hay que apretarse el cinturón, vale, pero todos. Se endurecen las condiciones para el cobro de la pensión, más años de trabajo, más tiempo de cotización para calcular la cuantía, vale, pero para todos igual.
Deberían haber sido los propios parlamentarios, conocedores del desprestigio que la clase política refleja en las encuestas, quienes, preocupados por el daño que a la democracia hace esa mala imagen, quienes hubieran propuesto una revisión de sus emolumentos.
Es cierto que muchos diputados se dedican solo al escaño y que su ausencia del hemiciclo está justificada por la labor de preparar enmiendas, preguntas al Gobierno etc. Pero también existen, y todos los conocemos, ilustres representantes de los ciudadanos que no pisan el Congreso o el Senado, ocupados en sus bufetes privados o en negocios varios como la representación de artistas.
La imagen, repetida mil veces en televisión, de un pleno del Congreso con todos los escaños vacíos mientras el orador de turno intenta convencer al inexistente auditorio de la bondad de sus enmiendas, despierta una irritación en la calle que luego se traduce en las bajísimas calificaciones que obtienen los lideres en las encuestas.
El presidente del Senado, una cámara cuestionada en si misma, ha dado un paso al frente y ha propuesto que los parlamentarios no puedan ejercer actividades privadas. De salir adelante setenta diputados tendrían que elegir entre seguir con su "plaza" en el Congreso o dedicarse a ganar dinero fuera.
El PP se opone a esta medida y el PSOE querría endurecer las condiciones para poder compatibilizar el escaño, pero su propuesta es tan ambigua que demuestra, cuando menos, poco interés. Es una pena, porque estamos en tiempos duros. El dar ejemplo empieza a ser imprescindible.