BARCELONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -
El comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, ha defendido que el sector público debe limitar su participación en redes de telecomunicaciones a "donde el mercado no llega", ya que las administraciones solo pueden actuar si no se perjudica a las inversiones privadas ni al normal funcionamiento del mercado.
En el III Encuentro Internacional de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), que se celebra este lunes y martes en la sede del organismo regulador, Almunia ha defendido este lunes la colaboración entre los organismos públicos nacionales y europeos y también entre operadores privados para alcanzar la "cobertura universal", pero siempre manteniendo los criterios básicos de libre competencia.
"La Unión Europea necesita crear cuanto antes un mercado único digital (...) pero todavía existe una pauta demasiado cercana a los antiguos monopolios nacionales", ha lamentado. También ha recordado la necesidad de avanzar hacia una gestión común de los derechos de autor en Europa, y ha señalado el "enorme potencial" del comercio electrónico en Europa si se elimina la "fragmentación innecesaria" del mercado europeo.
EL CASO CATALÁN
La Generalitat ha presentado recurso contra la Circular 1/2010 de la CMT que impone condiciones a las administraciones públicas que quieran explotar redes o prestar servicios de comunicaciones electrónicas.
El Ejecutivo catalán considera que, con esta circular, la CMT "se extralimita en sus competencias" exigiendo autorizaciones e informes previos como "filtro inicial", cuando la normativa estatal y europea se limita a exigir comunicación previa.
Asimismo, la Generalitat argumenta que la circular se deriva de una consulta pública sobre explotación de redes públicas sin hilos basadas en el uso de frecuencias de uso común (WiFi), pero "pretende abarcar todo tipo de redes" sin que estas condiciones se recogiesen en el texto original sometido a información pública.
El Govern está impulsando el proyecto de operador neutro, denominado Xarxa Oberta, para crear una red de fibra óptica en Catalunya que una todas las instalaciones públicas y venda el excedente de capacidad al mercado mayorista. La primera fase de su despliegue se ha adjudicado en octubre al consorcio formado por las empresas Imagina (Mediapro) y Axia por 253 millones de euros y un periodo de 20 años, tras los que la red volverá a estar a disposición de la Generalitat.
Por ahora, la Xarxa Oberta se desplegará en las sedes corporativas de la Generalitat con infraestructura disponible y en los municipios de Terres de l'Ebre (Tarragona), lo que supondrá la conexión de 696 edificios en 95 municipios.
El objetivo es mejorar el intercambio de datos entre las administraciones y sentar las bases para extender proyectos que requieren gran capacidad de banda ancha, como el diagnóstico médico a distancia, la receta electrónica o las declaraciones judiciales por videoconferencia.
