Foto: WIKIMEDIA COMMONS
Oposición denuncia "abuso de la mayoría" del PP y le afea que use esta ley para regular otros asuntos como la nueva tarifa de la luz
MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
La nueva Ley de Consumo prohibirá las llamadas telefónicas de 'spam' desde las 21.00 horas de la noche hasta las 9.00 horas de la mañana entre semana, así como los fines de semana y días festivos, una iniciativa que ha sido promovida por CiU, a la que se han adherido PP y PSOE, según confirmaron a Europa Press en fuentes parlamentarias.
Estas mismas fuentes han asegurado a Europa Press que la normativa será aprobada con competencia legislativa plena en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Cámara Baja el miércoles de la próxima semana.
Así, y durante la reunión de la ponencia de este jueves, momento en el que los diputados se han juntado para estudiar posibles acercamientos sobre la normativa, también han acordado que las facturas electrónicas se emitan sólo en papel en el caso de que el consumidor dé su consentimiento. Mientras éste no se produzca han pactado que siempre se publiquen en papel y no suponga un coste adicional para el consumidor.
Por otro lado, PP, PSOE y CiU también han acordado que en los contratos telefónicos indeterminados o que se prolonguen de manera automática se va a tener que informar al consumidor si existen compromisos de permanencia o las vinculaciones de uso exclusivo de los servicios de un determinado prestador, así como las penalizaciones en caso de baja.
Igualmente, se han incorporado al texto presentado por el Gobierno dos enmiendas de la Izquierda Plural que facilitan la accesibilidad a las personas con discapacidad a los contratos, de forma que se exige que éstas se emitan con letra más grande en caso de que el usuario así lo solicite.
"ABUSO DEL PP"
En este trámite parlamentario, PSOE, CiU, Izquierda Plural, UPyD, PNV y el Grupo Mixto han denunciado el "abuso de la mayoría absoluta" del PP, su "desprecio al Parlamento" y el "incumplimiento de las normas reglamentarias y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional" en la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley, en el que a su juicio, el Grupo Popular intenta introducir enmiendas "que nada tienen que ver con la materia de la Ley".
CiU y PNV han presentado por su lado sus respectivas quejas. Mientras, PSOE, Izquierda Plural, UPyD, y el Grupo Mixto han rubricado una queja conjunta a la Mesa de la Comisión de Sanidad.
Fue el pasado martes, en la primera reunión de la ponencia, cuando el Grupo socialista ya solicitó, mediante un escrito al presidente de la Comisión de Sanidad, que se retiraran 16 de las 33 enmiendas presentadas por el Grupo Popular a la Ley de Consumo por ser "no congruentes" con el contenido del proyecto de Ley, tal y como adelantó Europa Press.
A pesar de que un informe jurídico del Congreso calificara este miércoles como "no congruentes" 14 de esas enmiendas, el PP se ha negado a retirar algunas, según denuncia la oposición, aunque, los 'populares' han accedido a retirar siete por considerar que sí pueden "no ser congruentes", según han confirmado a Europa Press, mientras que mantienen el resto por tener conexión bien con la ley o con la comisión parlamentaria en la que se tramitan (Sanidad y Servicios Sociales).
"Esta pretensión incumple la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece la necesidad de una conexión mínima de homogeneidad entre las enmiendas y el texto enmendado, y vulnera los derechos del resto de grupos parlamentarios, y así ha sido señalado en el informe jurídico elaborado por los servicios de la Cámara", señalan los grupos de la oposición.
A su juicio, esta actitud "demuestra la pésima planificación legislativa de este Gobierno y su inaceptable falta de respeto a las normas reglamentarias, al resto de grupos parlamentarios y, en definitiva, al Parlamento".
ENMIENDAS A RETIRAR
Entre las enmiendas que el PSOE ha pedido retirar y que se mantienen se encuentran cuatro relativas a la modificación de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que pretende cambiar la regulación de las mismas; otra relativa a regular la profesión de la Psicología clínica; otras tres para modificar la Ley General de Sanidad, dos de ellas para revisar el régimen de control de la publicidad de los productos sanitarios.
Igualmente, se pedía la retirada de una enmienda presentada de forma conjunta entre PP y UPN, y que se mantiene, en la que se añadía una nueva disposición adicional al texto de la ley para la "integración en el SNS del personal de los Montepíos de las administraciones públicas de Navarra", para que se les reconozca como personal asegurado o beneficiario del mismo.
Además, en otra enmienda, que la oposición pedía retirar, el PP plantea obligar a las eléctricas a ofrecer a los consumidores vulnerables una tarifa fija para un plazo de tiempo determinado. De hecho, el Gobierno está preparando una norma específica para que entre en vigor el 1 de abril.
Las que sí han retirado son las relativas a la Ley de la Hacienda Local, presentadas para que los ayuntamientos tuvieran que contratar con la mayor eficiencia energética, además de precisar en otra enmienda la Ley de Deuda comercial para que se defina donde pueden invertir los ayuntamientos con superávit.
Desde CiU, en su escrito, la portavoz en la materia, Lourdes Ciuró considera que existen "sobradamente" motivos para pedir al Grupo Popular que retire estas enmiendas.
"El motivo más obvio es que así lo desaconseja el informe del letrado que es el mejor conocedor en esta materia y tiene toda la información a su alcance. En segundo lugar, por razones de técnica legislativa, porque hacer leyes en las que se aproveche para regular cosas que nada tienen que ver con la materia a tratar vulnera los derechos de los consumidores y usuarios porque dificulta su tutela judicial y efectiva", sostiene.
Además, cree que esta práctica sólo debería justificarse por razones de excepcionalidad y de urgencia acreditada y no como una práctica habitual.
