CCOO exige a Universidades que se cumplan los plazos legales para la homologación de titulaciones extracomunitarias

   MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

   CCOO ha exigido al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que se cumpla el plazo de seis meses previsto en la ley para resolver "los 72.337 expedientes que dependen de este Ministerio y que aún se encuentran pendientes" respecto a la homologación y equivalencia de las titulaciones universitarias extracomunitarias. Según ha denunciado el sindicato, en "muchos" casos se mantienen los tiempos de espera "de más de más de uno o dos años".

   Además, ha denunciado "la falta de transparencia y de comunicación" a las personas afectadas. En este sentido, ha apuntado a las quejas de un "alto porcentaje" de solicitantes en relación con el funcionamiento de los canales oficiales de información dentro de la página de VALIDATE. "No están cumpliendo plenamente su función informativa, lo que incrementa la incertidumbre de las personas solicitantes y dificulta el seguimiento adecuado de los expedientes", ha criticado.

   CCOO ha apuntado a que este "problema" persiste a pesar de las reformas introducidas por el Real Decreto por el que se establecen las condiciones y los procedimientos de homologación. "No parece justificado que una obligación legal como es la de resolver cualquier expediente presentado en un plazo máximo de seis meses, se presente por el Ministerio como un objetivo que pudiera cumplirse en un futuro próximo", ha recalcado.

   Por ello, ha trasladado la necesidad de reforzar los medios materiales y humanos para "garantizar" la resolución de los expedientes en el plazo legal de seis meses, así como el imperativo de reformar el sistema de atención e información a las personas solicitantes.

   A su vez, ha destacado que la homologación de titulaciones extracomunitarias afecta tanto a personas extranjeras como a ciudadanos españoles que hubieran obtenido su titulación en otros países. En este sentido, ha criticado las actitudes "xenófobas y racistas que, al margen del funcionamiento real de estos trámites, pretenden criminalizar y utilizar este proceso para seguir colocando en el foco de atención un falso debate migratorio carente de cualquier fundamento, poniendo en duda a profesionales cuya cualificación está acreditada".

   "No debe olvidarse de que detrás de cada solicitud se encuentran personas concretas cuyo proyecto de vida, personal, laboral y familiar, se encuentra a la espera de una resolución administrativa que no llega. Todo ello sin contar con la pérdida de talento y capital humano para el conjunto de la sociedad", ha insistido el sindicato.