El Congreso aprueba la ley del PSOE para castigar las prácticas de conversión LGTBI+ sin el apoyo del PP

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MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Congreso ha aprobado la proposición de ley del PSOE para castigar penalmente las prácticas de conversión LGTBI+, que inicia ahora su trámite en el Senado. En concreto, ha contado con 178 votos a favor, (PSOE y socios), 138 abstenciones (PP) y en contra 32 (Vox).

Durante el debate, el diputado del PSOE Víctor Gutiérrez ha dicho que estas prácticas no son terapias, sino "una forma de tortura" y ha detallado que la norma castigará estos procedimientos con penas de seis meses a dos años de prisión, independientemente de que medie el consentimiento de la víctima, argumentando que una "tortura" lo sigue siendo aunque se acceda a ella bajo la presión del entorno.

Asimismo, ha cargado contra el PP y VOX por situarse en el lado "incorrecto de la historia", recriminándoles sus enmiendas y los recortes autonómicos en materia de diversidad, para concluir con un mensaje de reparación a las víctimas al afirmar que la verdadera libertad consiste en poder ser uno mismo "sin miedo, culpa ni violencia".

Por parte del PP, Jaime de los Santos ha explicado que la ley contra las terapias de conversión es necesaria por tratarse de un delito "inaceptable" contra la dignidad humana, a la vez que ha defendido que estas prácticas requieren "todo el peso de la ley" y la vía penal en lugar de meras sanciones administrativas. Sin embargo, el 'popular' ha denunciado el "sectarismo" y la "instrumentalización" del colectivo LGTBI+ por parte de la izquierda.

Asimismo, ha reivindicado la gestión histórica del PP en la defensa de la diversidad en municipios y comunidades autónomas donde gobierna. "Soy del PP, soy maricón y me siento muy orgulloso de ambas cosas y de todo lo que han hecho por mí hombres y mujeres", ha concluido.

En cambio, Tesh Sidi, de Sumar, aunque ha manifestado su rechazo al punitivismo, ha defendido la vía penal argumentando que las meras sanciones económicas no bastan. No obstante, el grupo ha lamentado que, si bien la reforma hace justicia contra los agresores, se queda corta al no ofrecer una reparación "efectiva" a las víctimas, un objetivo por el cual ha asegurado que seguirán luchando.

Mientras, María de la Cabeza Ruiz, de Vox, ha rechazado la iniciativa al calificarla como un "absoluto despropósito" y un ataque directo "a la libertad individual", acusando a la izquierda de pretender "imponer" su pensamiento "a golpe de Código Penal". "Esta proposición de ley va de encarcelar a quienes no piensan como ustedes, a quienes no quieren actuar como ustedes", ha recalcado.

JUNTS PIDE EVITAR AMBIGÜEDADES

Por Junts, Pilar Calvo, ha subrayado que el término "terapia" es incorrecto porque presupone la existencia de una enfermedad. La portavoz de la formación ha recalcado que hay que acotar con precisión qué es y qué no es una práctica de conversión para evitar ambigüedades con el acompañamiento psicológico.

Por ERC, Teresa Jordà ha manifestado una satisfacción a medias, señalando que, aunque es un avance, la norma no va lo suficientemente lejos al no incorporar ayudas económicas ni habitacionales para las víctimas. "Y sabemos también que la justicia no consiste solo en castigar a los que hacen mal. Consiste también en garantizar que las víctimas puedan reconstruir sus vidas. Y no lo hemos conseguido, señorías. Hoy no lo hemos conseguido", ha afirmado.

Mientras, Isabel Pozueta ha advertido de que "prohibir estas prácticas no es solo sancionar, es reconocer el daño, garantizar que no vuelva a ocurrir y construir un marco social que no reproduzca la discriminación". También ha destacado que "no existe consentimiento cuando la persona está inmersa en un entorno que le dice que su forma de ser es un error o una enfermedad".

También Maribel Vaquero, del PNV, ha expuesto que "las terapias de conversión parten de una premisa incompatible con la dignidad humana, sexual o la identidad de género de una persona constituyen una desviación que debe ser corregida". "El daño no reside únicamente en los métodos empleados, sino en el propio mensaje que transmiten", ha subrayado.

Por Podemos, Noemí Santana ha valorado positivamente que la nueva ley persiga y sancione a quienes ejercen la violencia de las "terapias de conversión", considerándola un paso adelante en materia de derechos, aunque ha advertido que la norma "se queda corta". A juicio de la formación, el texto legislativo adolece de una falta de medidas de acompañamiento y protección integral para las víctimas, al centrarse en el castigo. "Esperábamos algo más del Partido Socialista", ha admitido.

Finalmente, por Compromís, Àgueda Micó ha criticado al PSOE por no permitir incluir planes de ayuda habitacional y económica para las víctimas. "¿Tan difícil de entender es que las víctimas necesitan seguridad económica y habitacional para poder blindar su derecho a la denuncia?", ha cuestionado, al mismo tiempo que ha preguntado qué votaría el activista y político Pedro Zerolo.

REDONDO CALIFICA LA JORNADA DE "MAÑANA HISTÓRICA"

Tras el debate de los grupos ha comparecido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha calificado la jornada de "mañana histórica" y ha definido las prácticas de conversión como "tortura, violencia y tratos inhumanos o degradantes" que vulneran el artículo 15 de la Constitución. La ministra ha ensalzado en su discurso a referentes históricos del activismo LGTBI+ como Pedro Zerolo o Manolita Chen, y ha agradecido el compromiso de los grupos parlamentarios que han defendido que "la dignidad y los derechos no tienen límites".

"Hoy somos reconocidos como el país del mundo donde una persona LGTBI puede desarrollarse, puede ser feliz, puede amar a quien quiera amar y ser como es. Y esa ha sido nuestra aportación a la historia. Creo que es un momento histórico", ha subrayado.