Escuelas Católicas pide una reunión "urgente" con Dolores Delgado y Fiscalía tras su informe sobre abusos en la Iglesia

Publicado 08/07/2019 13:40:38CET
La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, durante su visita al Centro de Atención al Ciudadano del Ministerio de Justicia.
La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, durante su visita al Centro de Atención al Ciudadano del Ministerio de Justicia.Óscar J.Barroso - Europa Press

   MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Escuelas Católicas ha solicitado por escrito una reunión "urgente" con la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, y la Fiscal General del Estado, María José Segarra, tras la publicación del Informe de la Fiscalía --realizado a petición de Justicia-- sobre el fenómeno de las agresiones o abusos sexuales a menores en congregaciones, centros de enseñanza e instituciones religiosas.

   "Somos los primeros interesados en combatir esta lacra social que también afecta a la Iglesia, y cualquier iniciativa que nos ayude a avanzar en la protección de la infancia es bienvenida", ha afirmado la organización. En su informe la Fiscalía General del Estado alertaba de una "deficiente" respuesta al problema de los abusos en la Iglesia católica en España.

   Según ha explicado este lunes 8 de julio Escuelas Católicas, agradece que la Fiscalía General del Estado "reconozca el papel desempeñado" por organización al destacar las actuaciones que en el ámbito de los centros de enseñanza católicos (Federación Española de Religiosos de la Enseñanza, FERE-CECA) se están llevando a cabo.

   No obstante, asegura que discrepa de las consideraciones del Informe según las cuales "se deben evitar comprobaciones o filtros internos de verificación previos a la información del caso a las autoridades competentes".

   "Sorprende esta visión, contraria, no solo a la más elemental prudencia, sino también a las indicaciones de la mayoría de los protocolos de las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas, e incluso de otros sectores como el deportivo, que recomiendan una primera evaluación de la situación que permita determinar si existen sospechas o indicios razonables de hechos delictivos susceptibles de ser informados o denunciados a las autoridades", ha defendido Escuelas Católicas.

   En este sentido, ha advertido de que "prescindir de una mínima comprobación inicial sería judicializar hasta el extremo la vida de los centros, saturar la Justicia, exponer a los menores innecesariamente y arrasar el derecho a la presunción de inocencia".

   "Todo ello no debe ser visto como un intento de ocultación, sino como un ejercicio responsable de las funciones de los profesionales, que ante un mínimo indicio razonable, tal y como recomendamos en nuestros protocolos, informarán o denunciarán ante los órganos competentes", ha asegurado. Según ha subrayado, "esa primera valoración es la que puede llegar a permitir una actuación rápida que, de esperar a los plazos administrativos, podría retrasar medidas urgentes imprescindibles".

   En este punto, Escuelas Católicas ha solicitado al Ministerio de Justicia que "promueva medidas que agilicen la atención a estos casos que eviten situaciones tan graves como no poder apartar a un sospechoso de los menores mientras una investigación se prolonga en el tiempo de manera preocupante".

FALTA DE RIGOR

   En este contexto, ha lamentado la "falta de rigor" del documento de la Fiscalía General del Estado, donde se recogen, según ha resaltado, cifras de escritos de acusación, sentencias y diligencias de investigación incoadas entre 2017 y 2019 que corresponden al conjunto de la sociedad española.

   "Estos datos ponen de relieve la importante dimensión de este grave problema social, pero como el propio Informe señala: 'no proporcionan detalle sobre aspectos fácticos de la conducta supuestamente delictiva como los relativos a la condición del autor o al entorno o naturaleza de la institución en cuyo seno se produce el abuso o la agresión sobre el menor'", ha argumentado la organización.

   Para Escuelas Católicas, "el compromiso del Ministerio Fiscal" en la lucha contra estos delitos "se circunscribe únicamente al ámbito de Iglesia católica". Además, rechaza que la Fiscalía, "sin la más mínima justificación", considere a los centros de enseñanza e instituciones religiosas católicas como "entornos tradicionalmente dotados de cierta opacidad".

   "Se está haciendo un ejercicio real de transparencia y de responsabilidad", ha defendido la organización, que ha recordado algunas de las medidas que ha propuesto como la obligatoriedad de presentar un Certificado negativo de delitos sexuales como requisito para la contratación de personal en centros educativos y entornos con menores.

   Finalmente, ha reiterado su "compromiso de tolerancia cero" con los abusos sexuales en el seno de la Iglesia y de la sociedad en general y su colaboración "en la erradicación de esta lacra, comenzando por garantizar la seguridad en su seno".

Contador