Reitera su voluntad de actuar fiscalmente y de endurecer los controles sobre las plataformas
MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno reconoce que la heterogeneidad provocada por las diferentes regulaciones autonómicas y municipales sobre los alquileres turísticos "puede generar conflictos e incertidumbre", y admite que el sector le reclama una normativa estatal sobre el alquiler que incluya estos usos "y haga frente a los grandes retos a los que se enfrenta el mercado del arrendamiento en este país".
Así consta en la respuesta parlamentaria del Ejecutivo al diputado de Unidos Podemos Ricardo Sixto (IU), que había registrado en el Congreso una pregunta para saber si el Gobierno contemplaba modificaciones en el marco estatal para establecer una regulación básica en materia de alquileres turísticos.
A pesar de las inquietudes manifestadas por el Ejecutivo en su respuesta, y las transmitidas por el propio sector, el Gobierno no aclara si prepara una regulación del alquiler turístico --como las adoptadas o emprendidas por administraciones autonómicas y municipales, que también detalla en su respuesta--.
INFORMAR DE SU ACTIVIDAD.
Sí que reitera su voluntad, ya anunciada el pasado mes de julio, de actuar fiscalmente en el sector, y señala que Hacienda ultima un decreto para endurecer los controles sobre las plataformas de alquiler vacacional, por el cual deberán declarar al Fisco la actividad de los alquileres que aparecen en sus páginas con mucho más detalle que hasta ahora.
De esta forma, empresas o particulares que intermedien en arrendamientos deberán presentar periódicamente una declaración informativa especial que incluirá el nombre de los titulares de las viviendas, de los clientes, los días que arrendaron el inmueble, el importe cobrado y el número de referencia catastral de cada inmueble.
Asimismo, los caseros deberán guardar los datos de los arrendatarios, pues con fines de prevención del fraude fiscal se obligará a informar específicamente a las personas o entidades, en particular, las denominadas 'plataformas colaborativas', que intermedien en el arrendamiento o cesión de uso de viviendas con fines turísticos.
PROBLEMAS A VECINOS Y COMPETENCIA DESLEAL.
En su pregunta, Sixto, que también es presidente de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, señalaba que la actual disparidad normativa en la materia "puede generar además problemas de información para usuarios y arrendadores, generar confusión o inseguridad jurídica".
En todo caso, advertía de que "una legislación estatal que intente armonizar la cuestión podría chocar con las particularidades de cada territorio, que son recogidas y solucionadas con mayor conocimiento y efectividad por las administraciones territoriales", y recordaba que la propia UE "tampoco ha entrado en la regulación de este tipo de alquileres".
"Portales como Airbnb y Homeaway", concluye el diputado valenciano, "han modificado completamente la práctica del alquiler de pisos a turistas y el número de viajeros que escoge esta fórmula crece con fuerza", pero su uso también puede provocar "serios problemas para muchos residentes, por no hablar de las denuncias de competencia desleal de la patronal hotelera y de alojamientos turísticos".
