SEVILLA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de Podemos Andalucía ha presentado este miércoles una proposición de ley por la que pide la creación de una oficina de lucha contra el fraude y contra la corrupción, que sería dependiente del Parlamento andaluz, y tendría un coste anual de 3,1 millones de euros.
En rueda de prensa, la portavoz parlamentaria de la formación morada en Andalucía, Teresa Rodríguez, acompañada del magistrado y candidato por Baleares, Juan Pedro Yllanes, y la secretaria de Acción Institucional y Anticorrupción en Podemos, Auxiliadora Honorato, ha explicado que la referida ley, que entraría en vigor el 1 de abril de 2017, también contempla sanciones de hasta 30.000 euros.
Podemos defiende que "es necesario dotarnos de herramientas para ser más eficaces a la hora de gestionar los fondos públicos" y con esta ley se pretende crear un organismo autónomo, dependiente del Parlamento, y cuyo director sea nombrado por la Cámara autonómica a propuesta de asociaciones que trabajen en materia de corrupción.
Sobre las funciones, buscaría prevenir la corrupción y hacer frente con esa prevención a posibles casos de esta naturaleza, identificando riesgos y conflictos de intereses que pudieran existir en la actuación de la administración pública y proponiendo prácticas de buen gobierno. Además, realizará labores de investigación de posibles actuaciones ilícitas e irregulares, e investigaría la provisión de puestos que no hayan respetado los principios de igualdad, mérito y capacidad, lo que sería "una importante herramienta frente el enchufismo".
De la misma manera, evaluaría todas las actuaciones en materia anticorrupción que se hacen en Andalucía, así como garantizaría la protección a los denunciantes de casos de corrupción, a quienes Podemos considera "héroes que se enfrentan con una honda pequeña a un Goliat enorme y fortificado", por lo que aboga por establecer mecanismos seguros para garantizar su anonimato.
RÉGIMEN SANCIONADOR
El ámbito de aplicación de la ley sería la Junta, los organismos adscritos, las administraciones locales y cualquier persona, jurídica o física, destinataria de fondos públicos; y también contaría con capacidad sancionadora para aquellas personas o entidades que nieguen la colaboración en investigaciones o dificulten la aplicación de recomendaciones de la oficina, que estaría compuesta por unos 60 funcionarios más el director.
Establece distintos grados de sanción, desde la declaración del incumplimiento y su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), la propuesta de cese en el cargo, la suspensión administrativa para ejercer cargos similares por un periodo de hasta tres años y multas de hasta 30.000 euros.
Así las cosas, si bien Rodríguez ha recordado que Susana Díaz propuso una oficina similar en su debate de investidura, ha señalado que "tras un año es necesario pegarle un empujoncito" y confía en que esta proposición de ley "sirva de revulsivo para que lo hagamos ya", como a su juicio ha ocurrido con la atención temprana o la ley de cuentas abiertas. "No vamos a esperar, nosotros hacemos leyes, espero que no bloquee esta iniciativa para luego presentarla luego ellos porque no es cuestión de autoría y si la hacemos entre todos, podrá tener un amplio consenso", ha apostillado.
LA SEGUNDA PREOCUPACIÓN DE LOS ANDALUCES
Con todo, ha destacado que esta es la octava iniciativa legislativa que presenta Podemos en el Parlamento andaluz y que recoge la segunda preocupación que revelan los ciudadanos en las encuestas: la corrupción, cuando ha concretado que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) "cifra el 48.000 millones de euros el coste de la corrupción y la mala gestión de recursos, correspondiendo de ellos 4.000 millones a Andalucía".
El dinero que se pierde por la corrupción tiene dos consecuencias directas, según ha explicado Teresa Rodríguez, por un lado la pérdida de recursos para la gestión de lo público, "por lo que hay una relación directa entre recortes y corrupción", y por el otro, "la desafección por la política". "Necesitamos que la política sea limpia y transparente", ha apostillado.
Así las cosas, y centrándose en Andalucía, la líder andaluza de Podemos ha lamentado que "demasiadas veces la corrupción es el correlato que hay en la historia de nuestra tierra, nos avergüenza y nos perjudica, queremos que Andalucía sea sinónimo de transparencia y vanguardia en la lucha contra la corrupción".
Y así ha criticado el "guante de seda" que demuestra la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ante casos así cuando "sostiene a altos cargos investigados por casos de corrupción". "Nos preocupa que la corrupción sea funcional a la administración andaluza, que se hayan adquirido ámbitos que hay que eliminar de manera consciente", ha señalado.
YLLANES: "LA CORRUPCIÓN, UNA GRAN LACRA DEL PAÍS"
De su lado, Yllanes ha explicado que ya existe una oficina de características similares en Cataluña y que en Valencia y Baleares ya están tramitándose en sus respectivos parlamentos. "Incluso hay ayuntamientos que se están planteando crear estas oficinas en el ámbito municipal", ha señalado.
El magistrado ha subrayado la medida que contempla la protección a los denunciantes de casos de corrupción: "consideramos fundamental garantizar que los funcionarios de la Junta puedan denunciar sin temor a represalias". "Tenemos muy presente, por citar casos recientes, que hay personas que han pedido expresamente no ser propuestas para la comisión de investigación del fraude en la formación por miedo a perder su trabajo", ha agregado.
La apuesta por la lucha contra la corrupción fue uno de los ejes de la campaña electoral del 20D y volverá a centrar gran parte de la del 26J, según ha indicado Yllanes, quien ha señalado que esta es una "de las grandes lacras del país y la segunda preocupación de los españoles en encuestas".
