SEVILLA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha lamentado que la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, "ha vuelto a menospreciar a los funcionarios" al tiempo que "encumbra a las empresas públicas".
El SAF ha respondido en una nota a las declaraciones de la consejera en una entrevista publicada hace varios días en el diario 'Sur', donde Martínez Aguayo, "vuelve a mencionar a los funcionarios andaluces, diciendo que 'son tan profesionales los que están en el sector público como los que están en la Junta y se llaman funcionarios'".
El sindicato asegura que ha recibido quejas de parte del funcionariado "que se ha sentido ofendido por estas declaraciones", tras lo que el SAF ha mostrado su "malestar" y entiende que "para encumbrar a las empresas públicas no es necesario desmerecer al personal funcionario".
"No nos llamamos funcionarios públicos, somos funcionarios públicos, lo somos porque la Constitución de 1978 y las Leyes de Función Pública así lo dictan; somos profesionales al servicio de los ciudadanos sin presiones políticas, somos servidores públicos porque hemos accedido a la función pública con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, además de la requerida publicidad", ha agregado el SAF.
Insiste en que son funcionarios públicos "porque hemos dedicado años de sacrificio y estudio para poder superar unos procesos selectivos o de concurrencia competitiva" y asegura que no pone en duda la profesionalidad del personal que trabaja en el sector público de la Junta de Andalucía, pero sí exige "el riguroso cumplimiento de la legalidad, el respeto a las sentencias dictadas y la libertad de la Administración Pública".
"Los ciudadanos tienen el derecho de acceder en igualdad de condiciones a la Junta de Andalucía, más aún en tiempos de crisis, y de recibir un servicio público e independiente a ideologías y políticas", ha aseverado el Sindicato Andaluz de Funcionarios, que ha recordado que "siempre ha denunciado, tal y como han dictado los magistrados contra los protocolos y estatutos de las Agencias, la ilegalidad cometida por el Gobierno andaluz al intentar colar de rondón como empleados públicos a los más de 25.000 trabajadores provenientes del entramado de empresas públicas, fundaciones".
Ha recordado que la Justicia "ya ha hablado y sentencia que la actuación de la Junta quiebra toda legalidad, al no respetar los principios rectores de acceso al empleo público exigidos en la Constitución, en el Estatuto Básico, en la Ley de Reordenación y en el propio Decreto impugnado".
Asimismo, ha rogado la consejera que "solucione la catastrófica situación que atraviesa el devastado sector público andaluz, que se ciña a la legalidad, que respete a los funcionarios públicos de la Junta de Andalucía y que desista del enfrentamiento constante".
