Denuncia que la Junta "no acata las sentencias firmes y deja en el limbo a opositores que participaron en una oferta que se aprobó hace 11 años"
SEVILLA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha valorado que el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, "ha dado la razón a los opositores y respalda su lucha desde 2003, después de que la Junta de Andalucía no haya acatado las sentencias firmes y dejara en el limbo a opositores que participaron en una oferta que se aprobó hace 11 años".
En una nota, el SAF ha resaltado que Maeztu les ha facilitado al sindicato el escrito dirigido a la Secretaría General para la Administración Pública de la Junta en referencia a la tramitación del expediente de queja promovido por los afectados del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, Opción Trabajo Social, de la oferta de empleo público (OEP) de 2003.
El sindicato indicaba que en esta ocasión, el problema incide en una nueva nota de corte establecida por la Administración que es superior a la de 2006 y deja fuera a 20 opositores.
Ha apuntado que esta "dramática" situación "viene de lejos", toda vez que, según ha explicado, "más de 60 opositores que participaron en las pruebas de acceso acudieron a la vía jurisdiccional al no valorarles determinados méritos en la fase de concurso y han obtenido numerosas sentencias estimatorias que la Junta recurrió ante el Tribunal Supremo y que, tras allanarse la propia Administración, han devenido firmes".
"Era una dilatación sin razón que ahora se alarga por el cambio de la nota de corte, superior a la establecida en 2003 y que afecta a una veintena de esos opositores", ha explicado el SAF.
En este escrito, el Defensor traslada su "preocupación por la situación de esos 20 opositores que se encuentran aún afectados por un proceso selectivo iniciado en el ejercicio de 2003 y que, vía judicial, se les ha reconocido una puntuación superior a la nota de corte de los opositores que, en 2006, obtuvieron plaza y fueron nombrados funcionarios de carrera; y ello derivado por una actuación irregular, en su día, de la Comisión de Selección en la baremación de los servicios prestados -- alegados y acreditados-- en su día por los aspirantes, y actuación que ha sido rectificada en sede judicial".
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, ha desestimado la petición de la Administración de ejecutar las resoluciones judiciales de opositores "que no obtienen plaza por no alcanzar la nueva nota de corte", por lo que el Defensor acuerda "resolver la situación del ejecutante en base a la puntuación reconocida en sentencia, y con relación a la puntuación originaria que deba lugar a la superación del proceso de selección, todo ello con los efectos económicos y administrativos inherentes".
Además, en su escrito el Defensor del Pueblo Andaluz "considera, al igual que se ha reconocido judicialmente, que, esa Consejería debería adoptar las medidas oportunas para incorporar, como funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos de Grado medio, Opción Trabajo Social, a todos los opositores que hayan obtenido puntuación superior a la fijada como puntuación de corte en 2006".
El SAF presentó varios escritos denunciando este tema para exigir una solución urgente a la dramática situación que sufren estos opositores y pidió a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública "con carácter inmediato ejecutar las distintas sentencias firmes y, tras la preceptiva oferta de puestos, se proceda al nombramiento y toma de posesión como funcionarios de estos opositores".
El Sindicato Andaluz de Funcionarios muestra su incomprensión al "empecinamiento" de la Junta en "no resolver un problema que ha ocasionado la propia Administración y que está dilatando en el tiempo de forma dolosa y absolutamente injustificada, como se deduce de actuaciones como acudir al Tribunal Supremo, recurso que, mientras que para la Junta de Andalucía resulta muy poco costoso, a los opositores les ha supuesto un fuerte desembolso económico y el mantener a los interesados en la incertidumbre a pesar tener resoluciones judiciales favorables a su favor".
