El instructor reclama a la Junta que certifique qué personas ostentaron el cargo de delegado de Empleo en Sevilla en los años 2010, 2011 y 2012
SEVILLA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un juez de Sevilla atribuye dos delitos de prevaricación y fraude de subvenciones al exconsejero de Economía e Innovación Antonio Ávila dentro de la investigación abierta tras la denuncia de la Fiscalía en relación a las ayudas por valor de 5.846.298 euros que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) concedió "sin soporte legal que lo permitiera" a las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) para financiar los gastos derivados de las indemnizaciones por la finalización de los contratos laborales tras la extinción de estos consorcios en 2010.
En un auto fechado el día 17 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez de Instrucción número 2 de Sevilla, Carlos Mahón, atiende de este modo la petición realizada por la Fiscalía y atribuye estos dos delitos a Antonio Ávila al entender que, como presidente del SAE, sería el autor de la resolución de 11 de diciembre de 2012 "por la que se concedía una subvención extraordinaria a cada una de las 94 Utedlt existentes en Andalucía, para hacer frente a los costes por extinción de los contratos laborales de sus plantillas".
En este sentido, el instructor libra oficio al SAE para que remita copia del expediente incoado "para servir de base" a esta resolución, "especialmente de la memoria justificativa del interés público y social de la inexistencia de bases reguladoras para conceder las mencionadas subvenciones excepcionales y las propuestas de acuerdo sobre el inicio de los expedientes".
El juez, a petición del Ministerio Público, amplía el contenido del auto de 3 de marzo donde acordó la incoación de diligencias previas y concreta que las actuaciones se dirigen, además de contra Antonio Ávila, contra seis Agentes Locales de Promoción de Empleo (Alpes) y el director de la Utedlt Sierra Norte, Antonio López González; contra cinco Alpes y el director de la Utedlt Tierras de Doñana, Alberto Velasco Díaz; contra el responsable de la Utedlt Alcalá de Guadaíra, Jesús Mora Mora, y contra 12 Alpes y el director de la Utedlt Bajo Guadalquivir, Francisco Carmona Gómez.
FRAUDE DE SUBVENCIONES
El instructor considera que todos ellos habrían incurrido en un presunto delito de fraude de subvenciones, "recibidas para financiar su actividad durante los años 2010, 2011 y 2012".
Asimismo, el juez dirige las actuaciones contra "las personas que ostentaron el cargo de delegado provincial de la Consejería de Empleo de la Junta durante los años 2010, 2011 y 2012", a cuenta de un presunto delito de fraude de subvenciones, "recibidas para financiar la actividad de las Utedlt Sierra Norte, Tierra de Doñana, Bajo Guadalquivir y Alcalá de Guadaíra durante los años 2010, 2011 y 2012".
De hecho, el magistrado libra oficio a la Consejería de Empleo de la Junta para que certifique "qué personas ostentaron el cargo de delegado provincial de Sevilla en los años 2010, 2011 y 2012".
De igual modo, el juez dirige las actuaciones contra Ángel Ortiz Sánchez y Pedro E. Gracia Victoria, directores generales de Calidad de los Servicios y Programas para el Empleo del SAE durante 2010, 2011 y 2012, por presuntos delitos de prevaricación y fraude de subvenciones "en las concesiones de subvenciones ordinarias para la actividad" de las cuatro Utedlt mencionadas, "así como por las concesiones de subvenciones por incentivos a las mismas".
El juez, en este auto consultado por Europa Press, libra oficio a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Sevilla para que investigue si estas cuatro Utedlt "tuvieron actividad y realizaron labores para las que se constituyeron" en 2010, 2011 y 2012.
También pide a la Guardia Civil que averigüe si los directores y los Alpes de estas cuatro Utedlt "realizaron trabajos propios de los fines de la Utedlt, para los que fueron contratados" en esos mismos años.
ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA SUPERIOR
Hay que recordar que la Fiscalía Superior de Andalucía abrió diligencias de investigación penal sobre las ayudas concedidas por la Junta a las Utedlt en base a un informe de la Cámara de Cuentas --que le fue remitido por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF)-- respecto a dichas unidades en el periodo 2010-2012 en el conjunto de la comunidad, tras lo que remitió a las distintas fiscalías provinciales el expediente correspondiente con las diligencias vinculadas a cada territorio.
De este modo, la Cámara de Cuentas fiscalizó las subvenciones concedidas y la forma de disolución de las cuatro Utedlt de la provincia de Sevilla referidas durante los años 2010, 2011 y 2012.
En la denuncia interpuesta en los juzgados, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía pone de manifiesto que, por medio de un acuerdo de fecha 27 de julio de 2010, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó la extinción de los consorcios Utedlt.
Según indica la Fiscalía, "para hacer efectivo el compromiso de financiación de los gastos derivados de las indemnizaciones por la finalización de los contratos laborales", el SAE concedió "subvenciones de carácter excepcional" con cargo a una determinada aplicación presupuestaria y mediante resolución de la Dirección de Calidad de los Servicios y Programas para el empleo de fecha 11 de diciembre de 2012.
LAS UTEDLT
El Ministerio Público añade que estas subvenciones "se concedieron sin un soporte legal que lo permitiera" y ascendieron para el conjunto de las Utedlt a la cantidad de 5.846.298 euros, unos hechos que "en principio y sin perjuicio de una más ajustada calificación", serían a su juicio constitutivos de sendos delitos de prevaricación y malversación.
Las Uteldt son entidades de derecho público con personalidad jurídica propia participadas por el SAE y las corporaciones municipales y supramunicipales, y entre sus funciones estaban promover la creación de empleo y facilitar a los ciudadanos su comunicación con la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en orden a la creación de puestos de trabajo.
Así, estos consorcios están regulados en una orden de la Consejería de Empleo y sus gastos se sufragaban con subvenciones que concedía el SAE y aprobadas por el director provincial en Sevilla del SAE y por el director general de Calidades del Servicio y Programas para el Empleo del SAE.
LAS UTEDLT NO HAN JUSTIFICADO EL EMPLEO DE LAS SUBVENCIONES
A partir de 2009, el personal técnico y administrativo, a efectos de retribución, pasó a depender de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, de manera que a partir de ese momento las subvenciones concedidas a las Utedlt serían fundamentalmente para pagar los salarios de los directores y de los Alpes, así como para pagar los incentivos por resultados a los dos grupos de personas referidos.
La Fiscalía asevera que la fiscalización de la Cámara de Cuentas ha constatado además que, por parte de las Utedlt, "no se ha justificado suficientemente el empleo de las subvenciones recibidas para el pago de los salarios, fundamentalmente a los Alpes, sin que tampoco se haya acreditado que por parte de los Alpes se hayan realizado los trabajos que justificarían el cobro de los salarios subvencionados".
Así, "no se ha acreditado suficientemente que las Utedlt que recibieron las subvenciones reunieran todos los requisitos de la orden 21 de enero de 2004", añadiendo que a partir de 2009 "no se suscribieron los contratos programas de las Utedlt, que eran los documentos donde se fijaban los objetivos a cumplir, y a pesar de eso las Utedlt cobraron subvenciones por incentivos que suponía que se habrían superado unos objetivos que no se habían fijado", subvenciones "que fueron concedidas por la Dirección General de Calidades de los Servicios y Programas para el Empleo del SAE".
