SEVILLA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo (TS) ha designado a un ponente al objeto de que tramite el recurso promovido por la Administración andaluza ante dicha instancia judicial, para que el propio Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, intervenga en la liza que enfrenta al Gobierno andaluz y a la titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, ante la petición de la juez de acceder a las actas de las sesiones celebradas en los últimos años por el Consejo de Gobierno, extremo que niega el Ejecutiva autonómico esgrimiendo su carácter reservado.
La Junta habría promovido este recurso ante el TS, del que depende el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, después de que la juez Mercedes Alaya paralizase la elevación del asunto al mencionado tribunal a la espera de que la Audiencia Provincial se pronunciase sobre los recursos elevados a dicha instancia también en cuanto a la potestad o no de la juez para acceder a estos documentos. La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, finalmente, ha emitido un auto en el que concluye que las actas de los consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía "no son secretas".
La juez Mercedes Alaya, como se recordará, reclamaba estos documentos en el marco de la investigación incoada por una supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta mediante una fórmula también sujeta a estas indagaciones. De cualquier modo, y según han informado a Europa Press fuentes de la Junta, el TS ha comunicado ya a la Junta que ha designado a un ponente para que tramite el recurso que había presentado al objeto de que e Tribunal de Conflictos interviniese directamente en el caso, pues de hecho la Junta de Andalucía siempre ha sido partidaria de que sea dicho órgano judicial el que resuelva el asunto.
