TORRELAVEGA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cantabria calcula que en esta legislatura se construirán mil viviendas unifamiliares en suelo rústico como consecuencia de la reforma de la legislación en la que está trabajando conjuntamente la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo y la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) que, según se prevé, entrará en vigor este verano.
Así lo ha manifestado este lunes el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, antes de participar en Torrelavega en una reunión de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), a la que han acudido unos sesenta alcaldes y en la que se ha dado a conocer el anteproyecto de la Ley de Suelo Rústico.
Según ha explicado, la construcción de estas viviendas se extenderá "de una manera equilibrada" por los 102 ayuntamientos de la comunidad autónoma.
Además, en declaraciones a los medios de comunicación, Diego ha subrayado que la modificación de la Ley del Suelo para viviendas unifamiliares en suelo rústico fomenta y da "preferencia" a la rehabilitación y amplía los usos de este tipo de suelo.
A su juicio, todo ello "abre un nuevo horizonte" y ayudará a la fijación de la población de las zonas rurales en sus propios entornos y dinamizará la economía al contribuir, por una parte, a la reactivación del sector de la construcción con la recuperación de puestos de trabajo y, por otra, al desarrollo de nuevas usos en estos suelos, como los ligados a las actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo.
Diego, que se ha mostrado "muy satisfecho" con el texto que se ha logrado, ha subrayado la "estrecha colaboración" entre el Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Medio Ambiente, y la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) y ha opinado que el anteproyecto de Ley de Reforma del Régimen Jurídico del Suelo Rústico recoge en su articulado "la voz de los ayuntamientos" en relación a este asunto.
En su opinión, se trata de un texto normativo "pragmático", que "huye de modelos preconcebidos" y que ha sido confeccionado desde "un nuevo modelo de relación" con los municipios, basado en "la participación, en el respeto a la autonomía municipal, la lealtad institucional y el principio de colaboración".
En el acto en el que se ha expuesto a los alcaldes los detalles de este texto, Diego ha estado acompañado por el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, y por el presidente de la FMC, Julián Vélez.
UN "PLUS DE PRAGMATISMO"
El consejero de Urbanismo, para quien el texto "abre el camino para dinamizar el mundo rural", ha aclarado que no es una reforma que va en contra de las anteriores, sino que recoge aquello que, a su juicio, es bueno, como la figura del catálogo de edificaciones rústicas, y le da el "plus de pragmatismo que se venía reclamando".
Por otra parte, ha resaltado que, con esta reforma, nace un "nuevo régimen jurídico" del suelo rústico y no sólo afecta a aquellos aspectos relativos a la vivienda, sino también a los usos de estos terrenos.
Además, ha resaltado que, con este texto, se otorga a los ayuntamientos la capacidad de decidas "hasta qué punto" aplican esta ley y son ellos los que tienen "la última palabra".
Al igual que Diego, Fernández ha opinado que este anteproyecto de Ley no se podría entender sin el trabajo y las aportaciones de los ayuntamientos.
Tras calificar de "magnífico" el texto que se ha conseguido, ha señalado que la fórmula de colaboración que se ha empleado para elaborarlo puede servir de "estímulo" para acciones posteriores.
En este sentido, ha explicado que, desde los ayuntamientos, se hicieron multitud de alegaciones y "casi todas" --ha dicho-- han sido incorporadas al borrador del anteproyecto de ley, que, a su juicio, sirve como punto de partida y podrá ser mejorado en las tramitaciones, primero gubernamental y luego parlamentaria.
"ENORMEMENTE DEMANDADO"
Por su parte, Vélez ha subrayado que se trata de un cambio normativo "enormemente demandado" por los municipios de Cantabria y ha confiado en "ponerlo a funcionar" en verano, una vez concluida su tramitación.
En este sentido, ha señalado que el texto ya está "avanzadísimo" y, por tanto, en condiciones de iniciarse "de inmediato" la tramitación.
ORIENTADO A LOS ÁMBITOS PRÓXIMOS AL SUELO URBANO
En este anteproyecto se propone un modelo de crecimiento moderado y sostenible en torno a los núcleos existentes, que es la forma de crecimiento tradicional de los núcleos rurales.
Se pretende orientar el crecimiento en los ámbitos próximos al suelo urbano, en las tradicionalmente denominadas corolas, mediante viviendas unifamiliares aisladas, que perpetúan y arraigan en el terreno las relaciones sociales y familiares posibilitando y favoreciendo la fijación de la población en el territorio, y también mediante instalaciones en las que puedan llevarse a cabo actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural que aporten valor al medio rural.
En palabras del Gobierno regional en un comunicado, se persigue, sin embargo, dotar a esta nueva posibilidad de crecimiento de "todas las cautelas" y limitaciones necesarias para llevar a cabo una auténtica protección del suelo rústico, "limitando la autorización a ámbitos espaciales muy concretos y próximos a los núcleos urbanos y tradicionales existentes", y exigiendo en todos los casos el debido respeto tanto a la tipología edificatoria preexistente, como al paisaje, al entorno y a los valores ambientales, con los que las nuevas construcciones tienen necesariamente que armonizar.
En la nueva regulación, se mantienen las ya existentes figuras de los Planes Especiales de Suelo Rústico, y de los Catálogos de Edificaciones en Suelo Rústico, pero, junto a dichos instrumentos, se establece la posibilidad de obtener directamente las autorizaciones y licencias necesarias para poder llevar a cabo las actuaciones contempladas en la Ley, siempre que se cumplan los requisitos y los límites establecidos en la misma.
Con la entrada en vigor de esta ley, los ayuntamientos son los que asumen las competencias para la autorización de ciertas actuaciones, con el objetivo de agilizar y acercar al ciudadano la resolución de estos procedimientos.
También, se pone en manos de los municipios la posibilidad de modular y de decidir el nivel de aplicación de las nuevas medidas en el ámbito territorial de su término municipal.
