Méndez acusa de "cinismo" a la consejera de Presidencia y Justicia por "pedir a las víctimas que denuncien si no las va a ayudar ni a proteger"
SANTANDER, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha denunciado que el Gobierno del PP ha "abandonado" a las víctimas de la violencia de género y asegura al respecto que las cifras relacionadas con este problema "empeoran".
Los socialistas cántabros han presentado esta semana una proposición no de ley para exigir el cumplimiento de la Ley contra la violencia de género y que se repongan todos los recursos y programas que el Ejecutivo anterior puso en marcha para "luchar denodadamente contra la violencia de género y que el PP ha desmantelado".
La diputada socialista, Ana Isabel Méndez, recordó en un comunicado que en Cantabria 5 mujeres han sido asesinadas en la última década; que 4.678 mujeres reconocieron ser víctima de maltrato en las entrevistas que les hicieron sus médicos de primaria entre los años 2005-2009 y que 710 cántabras viven bajo protección policial.
Para el PSOE resulta "muy preocupante" que las cifras oficiales del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía superior de Cantabria y el propio Gobierno regional indiquen que el problema está "empeorando" porque las víctimas "están perdiendo su confianza en los recursos públicos y porque carecen de casas de acogida en las que refugiarse con los hijos de su maltratador". Todo ello, añaden los socialistas, porque el PP decidió "desmantelarlas" al considerar que "ya no hacían falta".
Méndez afirmó también que este año el índice de denuncias está siendo "inferior" al de años anteriores, "a pesar de que sabemos que en Cantabria hay una gran bolsa de violencia oculta y tan solo se denuncia el 27% de la violencia existente".
A su juicio, las cifras indican igualmente que las víctimas "están dejando de confiar en los recursos públicos y están bajando a un ritmo más que preocupante las llamadas al 016".
La diputada socialista señaló que los datos señalan igualmente que las víctimas "están dejando de confiar en una Justicia", que "en muchos casos" es "negada" a las víctimas.
De hecho, indicó que han descendido "de forma preocupante" la concesión de órdenes de protección solicitadas, un 10% menos; ha bajado también un 3% el porcentaje de condenas, en su mayoría por falta de pruebas, "un caso muy común cuando hablamos de maltrato que se produce en domicilios privados donde tan solo la víctima y el agresor pueden relatar los hechos", apostilló.
Y por otro lado, hay un cada vez "más abultado" número de sobreseimientos judiciales que en ocasiones tiene que ver con esas renuncias de las propias víctimas, que se han incrementado.
"Cantabria era la autonomía donde se producían menos retiradas de denuncias hasta hace un año. Y este dato era fruto de la total implicación de todas las instituciones y organismos existentes en la región, de los profesionales formados al frente de recursos necesarios y de las organizaciones de mujeres que les informaban correctamente de todo el proceso y les acompañaban. Ya no lo es, porque se están incrementando las renuncias. Algo se está haciendo muy mal", criticó.
Por otro lado, Méndez afirmó que "resulta preocupante" que se hayan incrementado los delitos de amenazas y coacciones, que suelen darse sobre todo en las primeras fases de los procesos de ruptura de la relación, disuadiendo a las víctimas de continuar con la denuncia.
"La decisión de la consejera de Presidencia y Justicia y de la directora de la Mujer de abandonar a las víctimas a su suerte sabiendo que la desprotección y la justicia negada, además de un maltrato añadido, supone la pérdida de confianza en el sistema judicial y fortalece a sus agresores".
Una consejera que, según señaló, "lo primero que hizo al llegar a su cargo fue insultar a las víctimas, como recogieron medios de comunicación nacionales, e insultar a las organizaciones de mujeres expertas que han atendido a 8.000 victimas durante 20 años incluso cuando nadie lo hacía".
RECORTE BRUTAL
También cítrico que el Gobierno de Cantabria haya aplicado un recorte "brutal" en los recursos del Estado y del Gobierno de Cantabria para las víctimas y haya eliminado los programas de prevención en los centros educativos y las campañas de prevención y concienciación, a pesar de que se ha incrementado un 24% el número de menores enjuiciados por violencia de género.
Y añadió que ahora el PP "pretende hacer pagar tasas judiciales a las víctimas" en los procedimientos de separación y divorcio (entre 300 y 800 euros) y reformar el Código Penal para que un agresor pueda saldar la condena con una simple multa, para que desaparezcan las vejaciones injustas como faltas o introducir la mediación familiar en casos de maltrato.
"Hoy con el PP las víctimas están desamparadas y lo saben y la bolsa de violencia oculta se está incrementando", concluyó Méndez.
