VALENCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Iniciativa del Poble Valencià, Francisco García Latorre, instó hoy al juez Garzón a "buscar en archivos de tribunales militares" y a citar a responsables vivos del régimen de Franco ya que considera que "la justicia española tiene en su debe una condena penal y social a quienes practicaron o permitieron crímenes de lesa humanidad en época franquista".
García Latorre hizo estas declaraciones en un comunicado para celebrar el requerimiento del juez de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, sobre la elaboración de listados y datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.
Según el portavoz de Iniciativa, "las asociaciones de víctimas del mayor genocidio registrado en España por el régimen franquista merecen un proceso en el que puedan recuperar a sus familiares y reclamar justicia después de 70 años".
"La Ley de Memoria Histórica ha sido un reto incompleto de todas aquellas personas que lucharon y dieron su vida por defender con sus ideas, trabajo y creencias, una España Republicana elegida democráticamente en las urnas y que fue batida por las armas", señaló y subrayó que "ahora tienen que ser los poderes del Estado, entre ellos el judicial, los que restituyan y depuren las responsabilidades y crímenes contra la humanidad que se practicaron durante y después de la Guerra Civil".
Por ello, indicó que desde Iniciativa "instamos a el juez Garzón a que amplíe su investigación a los archivos de los Juzgados Togados Militares, abriendo los archivos guardados en miles de cajas llenas con procesos y sentencias de la época que pueden dar luz sobre los crímenes y desposesiones que se realizaron a miles de españoles simplemente por pensar, creer, ser o tener una raza diferente".
Para García Latorre, "el Juez de la Audiencia Nacional puede tener información suficiente para avalar su competencia en la investigación de estos crímenes dado que tiene a su disposición documentación civil y militar que pueden cerrar la cuadratura de un círculo de muerte que se cebó durante 40 años en la sociedad española. Escritos, actas, sentencias, requerimientos y listados de fallecimientos en circunstancias extrañas o inexplicables pueden conducir a quines los autorizaron o los decretaron".
García propuso también al magistrado que cite a los testimonios "que aún quedan vivos de esa época y que tuvieron algún poder de decisión, ya bien sean ex-ministros, gobernadores, diputados o alcaldes franquistas".
Otro hecho paralelo que Iniciativa propuso que se una a la investigación judicial es "la clarificación de la procedencia y acopio de bienes y propiedades que cambiaron de mano bajo presiones o amenazas de muerte, donde muchas familias quedaron desposeídas de sus pertenencias por no ser afines al nuevo régimen establecido".
Para el portavoz ecosocialista, "la justicia española debe actuar igual que en otros procesos donde se han investigado crímenes de lesa humanidad, exigiendo un censo de las víctimas y su localización, pero al mismo tiempo realizar un proceso exhaustivo y pormenorizado, con todo rigor, en el que se den los nombres de los represores y genocidas, así como los beneficios y prebendas que pudieran haberse conseguido de sus actos".
