Los fotovoltaicos de Anpier critican la "sorprendente inmediatez" con la que ha fallado el tribunal administrativo y recurrirán a la Audiencia
MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha levantado la suspensión provisional del procedimiento de contratación de dos consultoras privadas, Boston Consulting y Roland Berger, para calcular los nuevos estándares de retribución a las energías renovables, que sustituirán en enero al actual mecanismo de primas.
De esta forma, el tribunal administrativo desbloquea el contrato que había logrado paralizar la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), al denunciar su concesión por parte del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) sin publicidad adecuada.
En su resolución, el tribunal ofrece algunos detalles sobre el contrato, como que las ofertas de Boston Consulting y Roland Berger fueron las únicas que se valoraron, después de que se desestimasen otras ofertas por defectos de forma no subsanados.
El contrato tiene un importe máximo de 900.000 euros y consiste en la elaboración de un máximo de tres informes con los estándares de costes de inversión y operación de las plantas. Además, las consultoras prestarán asistencia técnica en procedimientos judiciales y arbitrajes en los que participe la Administración General del Estado.
La resolución considera que el contrato sí recibió "oportuna publicidad" en el perfil del contratante y considera que "no es posible recurrir la licitación como conjunto de actos sin identificar el acto concreto que está viciado y el vicio que se imputa".
RECURSO ANTE LA AUDIENCIA.
Anpier ha emitido una nota en respuesta a esta resolución en la que critica la "sorprendente inmediatez" y el "tiempo récord" con los que se ha pronunciado el tribunal y anuncia que recurrirá mañana la decisión ante la Audiencia Nacional.
Frente a los argumentos del tribunal, la asociación considera que el IDAE "no ha hecho pública la licitación precisamente para que nadie pudiera recurrir un acto concreto, permitiendo que la Administración licite y adjudique un contrato de 900.000 euros sin darle ninguna publicidad".
"Más sorprendente si cabe es que este tribunal, ahora, no considera a Anpier legitimada para presentar el recurso, pues no acredita que dicha licitación le vaya a causar algún perjuicio directo a sus asociados, cuando hace tan solo un par de días esta misma instancia acordaba la suspensión cautelar de la licitación por los perjuicios irreparables que el mismo podría acarrearles a los recurrentes", argumenta.
INTERPRETACIÓN "RESTRICTIVA".
Anpier critica que no se haya entrado en el fondo de la cuestión y considera que el tribunal realiza una "interpretación absolutamente restrictiva" no conforme a la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, en la que se "amplía extensivamente la legitimación a cualquier perjudicado por la actuación Administrativa".
El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, asegura que el Ministerio de Industria es "diligente para defender los derechos de las grandes multinacionales de la energía, como ha demostrado Soria en su defensa de la seguridad jurídica del Repsol en Argentina, pero displicente cuando se trata de garantizar la seguridad jurídica de 55.000 familias españolas en lo que creían su propia casa".
