La norma incluye el nuevo máximo de 3.600 millones de déficit de tarifa para 2013
MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Senado ha aprobado este viernes la nueva Ley del Sector Eléctrico (LSE), en la que se incluyen no solo enmiendas del PP ya aprobadas en Comisión como la del nuevo máximo de 3.600 millones de euros para el déficit de tarifa de 2013, sino también otras de última hora impulsadas por CiU con mejoras para la actividad de los ciclos combinados de gas y de la cogeneración.
El texto, que será remitido ahora al Congreso para su ratificación definitiva la próxima semana, incorpora a su paso por la Cámara Alta 22 enmiendas del PP, una transaccional de CiU y PP, y 15 enmiendas de CiU. Las incorporaciones relacionadas con CiU se han realizado en el trámite plenario.
Además, el Senado ha rechazado seis propuestas de veto y ha dado el visto bueno a cuatro enmiendas del Grupo Mixto, Entesa y PSOE, si bien todas ellas son similares y tienen como objetivo realizar una corrección técnica ante la detección de un error material "evidente".
Las enmiendas de CiU incluyen mejoras para centrales que, como los ciclos combinados de gas, dan respaldo al sistema. Si el Artículo 14 reconocía antes una retribución a centrales térmicas por mecanismos de capacidad en función de las necesidades del sistema, ahora se realiza con el objetivo de "dotar al sistema de un margen de cobertura adecuado" e incentivar "la disponibilidad de potencia gestionable."
Sobre la cogeneración, la enmienda transaccionada incluye el desarrollo de programas de renovación de este tipo de instalaciones conforme a un nuevo Plan Renove. De esta forma, se responderá a las directivas comunitarias sobre la materia.
También se ha aprobado otra enmienda que resuelve la situación de las 61 plantas de cogeneración que, pese a haber lanzado ya sus inversiones, habían visto paralizada su inscripción en los registros de preasignación. En total, las plantas tenían inversiones realizadas por 145 millones e iban a generar 23.600 empleos.
REE Y AUTONOMÍAS.
Otra de las enmiendas de CiU aprobadas por el Pleno establece que la actividad de Red Eléctrica de España (REE) como gestor del sistema eléctrico debe también buscar la "eficiencia económica" para conseguir que el suministro se realice "al menor coste posible".
CiU también ha logrado que se apruebe otra enmienda que obliga a REE y a los gestores de redes de distribución a publicar la capacidad de acceso de cada nudo de la red, lo que mejorará la transparencia en la otorgación de derechos de conexión o de acceso.
Junto a esto, ha conseguido mejorar la participación de las comunidades autónomas en los cambios que se realicen en la planificación eléctrica, asó como en los procedimientos de coordinación en situaciones concretas.
DÉFICIT DE 3.600 MILLONES.
En el trámite previo al Pleno, la Comisión de Industria, Energía y Turismo incorporó la controvertida enmienda 486, por la que se reconoce el déficit de 3.600 millones tras la suspensión de partidas de los PGE destinadas al sistema eléctrico.
Estas partidas son el crédito extraordinario de 2.200 millones, aprobado en una ley cuya existencia queda ahora derogada, y la mitad de los extracostes peninsulares, valorada en 900 millones.
Además, también se ven parcialmente afectados los ingresos de los nuevos impuestos de hidrocarburos en vigor desde este año como parte de la ley 15/2012, dado que su carácter medioambiental obliga a transferir una parte a las comunidades autónomas.
El propio reconocimiento de los 3.600 millones de nuevo déficit tiene como objetivo, según la justificación ofrecida por el PP a la enmienda 486, no trasladar de forma inmediata el desfase al consumidor, lo que tendría un "gravísimo impacto".
RENOVABLES Y COGENERACIÓN.
En las enmiendas del PP, se modifica el punto 4 del artículo 14 de la ley, en el que se detalla el nuevo mecanismo de retribución a las renovables conforme a un diferencial sobre el tipo de referencia del Tesoro.
En la nueva redacción, se eleva a rango de ley un principio ya incluido en el borrador de real decreto de renovables, según el cual cada tres años se ajustarán los parámetros retributivos en función de la previsión de precios de la energía.
