IU-ICV exige un régimen transitorio del IRPH antes del verano y propone un tipo de Euríbor más 1%

Alberto Garzón
RNE
Actualizado: lunes, 17 junio 2013 16:49


MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha registrado, para su debate en la Comisión de Economía del Congreso, una proposición no de ley en la que exige al Gobierno que apruebe el régimen transitorio de los índices de referencia de precios hipotecarios (IRPH) antes del verano, y propone establecer un tipo equivalente al Euríbor más 1%.

En la propuesta, que recoge Europa Press, el diputado Alberto Garzón reprocha al Gobierno que aún no haya aprobado el régimen transitorio del IRPH-Cajas, IRPH-Bancos y del Tipo CECA a pesar de que en 2011 se determinó que estas referencias dejarían de estar en vigor a partir del 29 de abril de 2012, dando un periodo transitorio de un año para que las entidades financieras se adaptaran a la nueva situación.

Sin embargo, mes y medio después de que expirara ese plazo el Ejecutivo aún no ha desarrollado las previsiones para este cambio de índices, por lo que el Banco de España ha seguido publicándolos y las entidades financieras, aplicándolos. Esta situación llevó al organismo regulador a aclarar, el pasado 30 de abril, que los índices seguirán en vigor "al menos" hasta el 6 de octubre.

"Pero ni siquiera después del 6 de octubre se garantiza que dejen de ser aplicables a los préstamos, ya que ello depende de la existencia del régimen de transición", critica Garzón, citando además otra respuesta parlamentaria en la que el Ejecutivo afirma que el régimen de transición está "en fase de estudio" aunque "no se concreta ningún tipo de calendario para su aprobación".

FALTA DE COORDINACIÓN

El diputado malagueño cree que el Gobierno está manifestando "una alarmante falta de coordinación y responsabilidad" con el resto de administraciones implicadas en la solución a este problema, y pronostica que, "vista su actitud hasta el momento, desgraciadamente todo hace indicar que el régimen de transición se demorará tanto como sea posible".

Por ello, reclama que se aprueben las previsiones oportunas antes de que concluya el presente periodo ordinario de sesiones del Congreso, el próximo 30 de junio, para terminar con "la injusticia" que supone que el aproximadamente millón y medio de ciudadanos cuyas hipotecas están referenciadas al IRPH "no se vean beneficiados por el descenso del Euríbor" lo que, "evidentemente, beneficia a la banca".

PIERDEN DINERO

Porque, según recuerda Garzón, "la falta de acción del Gobierno" está impidiendo que los hipotecados se beneficien de "ahorros importantes" por la bajada del Euríbor. Como ejemplo, el portavoz económico de la Izquierda Plural recuerda que el IRPH-bancos cerró marzo en el 3,219% y el de cajas, en el 3,796%, mientras que el Euríbor estaba en mínimos históricos (0,545%).

Dado que el índice que sustituya a estas referencias "dependerá de la discrecionalidad del Gobierno" y "vista su forma de actuar hasta ahora", Garzón insiste en la necesidad de plantear un "índice alternativo justo y beneficioso para las personas afectadas", y recuerda que algunas de las entidades que aplica el IRPH prevé en sus contratos hipotecarios que se sustituya por el Euríbor +1% como "índice que puede satisfacer a entidad y cliente".

Por eso, el diputado propone que "el nuevo índice aplicable que sustituya a los índices llamados a desaparecer definitivamente sea un tipo de Euríbor +1%, para que los usuarios de préstamos con índices variables que desaparecen se beneficien también del notable descenso del Euríbor".

Por último, Garzón avisa de que algunas entidades han decidido ofrecer el cambio de contrato a "quienes se beneficiarán del fin de los IRPH" mediante "estrategias comerciales agresivas e incluso engaños y coacciones", con el objetivo de "seguir aplicando tipos desproporcionados e injustos".

Por ello, reclama que el Gobierno y el Banco de España "supervisen conjuntamente las revisiones de los contratos así como todas las prácticas abusivas de las entidades financieras españolas denunciadas reiteradamente por la Comisión Europea". "Debería ser función del supervisor y del Gobierno velar por los intereses de las personas hipotecadas ante este intento de la banca de seguir manteniendo su condición de privilegio. La cifra de ciudadanos afectados es suficientemente elevada como para el Gobierno deje de darles la espalda", concluye.