Justifica el "sacrificio" en aras de la racionalización de la Administración y acusa a la oposición de "manipular" a los afectados
MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -
El PP ha rechazado este martes en el Pleno del Congreso admitir a trámite la proposición de ley del PSOE para revocar los cambios en la regulación de las bajas temporales de los funcionarios aprobados por el Gobierno los pasados julio y diciembre, y que conllevan una reducción de sus derechos económicos en caso de incapacidad temporal en todas las administraciones públicas.
El PSOE planteaba además recuperar todo pacto o acuerdo celebrado entre las administraciones y los sindicatos para completar las prestaciones económicas previstas en el régimen general de la Seguridad Social, que también quedaron suspendidos; así como otras previsiones con respecto a determinados cuerpos de funcionarios del Estado.
Pese al rechazo del PP, cuya mayoría absoluta impide que la iniciativa siga adelante, la propuesta del PSOE sí ha contado con el apoyo del Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, CiU, PNV y ERC.
El diputado 'popular' José Alberto Martín-Toledano ha señalado que la propuesta del PSOE es "inmovilista" y supondría "dejar las cosas como están, sin solucionar disfunciones evidentes" que los propios socialistas reconocían la pasada legislatura. Además, ha afirmado que está "mal planteada legalmente" al proponer cambios en una ley orgánica con un instrumento que no es el correcto.
A renglón seguido, ha acusado a la oposición de "demagogia política" cuando "intentan halagar a los empleados públicos para instrumentalizarlos y manipularlos". "La estrategia no puede ser más simple: presentar al Gobierno y al PP como enemigo de los empleados públicos y, una vez construido este mensaje sencillo, artificial y falso, repetirlo de forma machacona para intentar convertirlo en una verdad incuestionable", ha añadido.
TODOS RECORTAN DONDE GOBIERNAN
Tras recordar a los partidos que gobiernan en diferentes puntos de España que también ellos han aplicado medidas de ajuste que afectan a los empleados públicos, ha defendido que las medidas que quiere derogar el PSOE "dan cumplimiento a recomendaciones del Pacto de Toledo" con el "buen resultado" de que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), "por primera vez el absentismo laboral en el sector privado supera al del sector público".
"Es, evidentemente, un sacrificio, pero es una parte de las medidas que configuran un todo con otras reformas para la racionalización y la eficiencia de la administraciones públicas", ha dicho Martín-Toledano, recordando que también el Gobierno socialista aplicó recortes a los funcionarios.
Por último, el diputado 'popular' ha valorado el trabajo de los funcionarios y ha rechazado que piensen que "son vagos e ineficaces", defendiendo que el modelo de la función pública de su partido es "de calidad, profesional, independiente y de alta cualificación" mientras que la del PSOE es "el enchufismo y la entrada por la puerta de atrás, como en la Junta de Andalucía".
ES UN "ACTO DE JUSTICIA"
El diputado del PSOE Pedro Muñoz cree que es un "acto de justicia" cancelar unas modificaciones que, "amen de ser discriminatorias para los funcionarios, los estigmatizan como responsables de la crisis" y les acusa indirectamente de defraudar a la Seguridad Social. "Una enfermedad no se elige. Si se quieren mejoras sería más fácil no desmantelar los servicios públicos", ha añadido.
Además, ha criticado que estos "recortes" no suponen mejorar la eficiencia de las administraciones públicas, sino "ahorrar sobre la salud de los trabajadores públicos". Y ha anunciado que volverán a presentar esta iniciativa en la Comisión de Hacienda, negando que la propuesta esté mal planteada legalmente como ha dicho el PP.
Ascensión de las Heras, de la Izquierda Plural, también ha avanzado el voto favorable de su grupo, ante el rechazo que les produce la "intención" de estos recortes que, a su juicio, no es otra que "devaluar la imagen de la función pública, precarizar las condiciones de trabajo, bajar salarios y así conseguir la entrada del sector privado en los servicios que garantizan derechos fundamentales, para hacer negocio con la educación, la sanidad y los servicios sociales".
No obstante, cree necesario que más allá de garantizar que los funcionarios recuperen el nivel salarial durante los días de baja temporal que tenían antes, también es "imprescindible" revertir otros recortes de derechos que están sufriendo los empleados públicos con la excusa de la crisis.
"HAN APLICADO LA BROCHA GORDA"
El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha recordado que el personal funcionario ha sufrido recortes salariales continuos desde que comenzó la crisis, agravados por otras medidas como la ampliación de horarios, los despidos y por el "discurso deslegitimador" y de desprestigio que ha protagonizado el Gobierno. "Se ha aplicado la brocha gorda", ha dicho, anunciando su 'sí' a la proposición.
"Si había abusos no es la solución que paguen justos por pecadores, sino aumentar los controles y terminar con ellos", ha añadido el diputado, lamentando que se afecte a la salud de los funcionarios y que se haya causado "una discriminación" por la decisión del Gobierno de no molestarse en realizar la labor "más lenta pero más efectiva" de analizar dónde se puede recortar más y dónde no hay margen.
El portavoz de Empleo de CiU, Carles Campuzano, ha reprochado al PP que haya "supeditado cualquier medida" al "objetivo sacrosanto de reducir el déficit", y también ha recriminado al grupo mayoritario el "halo recentralizador" y el intento de "culpabilizar" a los funcionarios de la crisis que se esconden tras este recorte.
"No parece razonable que a los problemas de absentismo que pudieran existir en la función pública la respuesta sea una reducción de la protección social de todos los trabajadores. Se hace pagar a justos por pecadores", ha dicho, justificando así su voto favorable. Por último, ha expresado su preocupación con los trabajadores con enfermedades crónicas, que están siendo "castigados de manera más injusta" por esta medida, y ha acusado al PP de obligar a las comunidades autónomas a aplicar recortes en este ámbito al no dejarles margen de actuación.
Emilio Olabarria (PNV) ha expresado la "adhesión incondicional" de su grupo a la propuesta, expresando su incomprensión sobre que "se haga gravitar sobre los trabajadores públicos las causas de la crisis, castigándoles con recortes y reducción de derechos que rayan lo anticonstitucional" por suponer "obligar a acudir a trabajar a una persona" enferma o que ha sufrido un accidente. "Es una estigmatización perversa", ha llegado a decir, instando a los 'populares' a "reflexionar hasta qué punto no creen en lo público".
Finalmente, el diputado de ERC Joan Tardá ha coincidido en que estos recortes "atentan contra el derecho" y "constituye una persecución del empleado público enfermo, como si se tratar de un delincuente en potencia", por lo que su formación votará a favor de la proposición.
