Critica la falta de medios para perseguir conductas contrarias a la libre competencia
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), Luis Berenguer Fuster, acusó hoy al Gobierno central y a "algunas" comunidades autónomas de hacer "una adaptación poco ambiciosa" de la Directiva de Servicios.
"Estamos en parte quizá perdiendo alguna oportunidad con ocasión de la adaptación" de dicha normativa, que permitía liberalizar el conjunto de las actividades de servicios, aseguró en declaraciones a los medios antes de la inauguración de las IV Jornadas Nacionales de Defensa de la Competencia en Las Palmas de Gran Canaria, acompañado por el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria.
Berenguer informó de que la CNC tramita alrededor de 30 expedientes sancionadores al año. No obstante, "se abren muchos más, pero muchos terminan en archivo por no poder resultar acreditada la existencia de conductas anticompetitivas", aclaró.
Remarcó que este tipo de conductas "están bastante extendidas por todos los sectores, pero fundamentalmente en materia de servicios se están demostrando grandes limitaciones a la competencia". En su opinión, "no sólo se trata de perseguir las conductas, sino de evitar que las normas y las actuaciones de administraciones públicas restrinjan la competencia".
Igualmente, hizo hincapié en la importancia de este encuentro para dar a conocer "los beneficios de la competencia para el conjunto de los competidores y para el funcionamiento de la economía", así como "los daños que causan las conductas anticompetitivas".
"EL PROBLEMA NO ES LA COMPETENCIA DESLEAL"
En este sentido, se refirió a que "el mercado funciona libremente porque no hay normas ni actos de las autoridades públicas que lo pare ni tampoco actuaciones de las empresas que, si están en posición dominante, abusan de dicha posición, o, si no están en esa posición dominante, puedan ponerse de acuerdo fundamentalmente con sus competidores para restringir la competencia, es decir para ofrecer peores precios, servicios y productos".
A juicio de Berenguer, "el problema no es la competencia desleal" y cuestionó que "hay algunos que consideran competencia desleal por ejemplo ofrecer precios bajos como consecuencia de un régimen competitivo".
Al respecto, manifestó que "la nueva ley española es suficientemente contundente", y advirtió de que "lo que con frecuencia falta son medios para llegar hasta los últimos rincones persiguiendo las conductas contrarias a la libre competencia".
Explicó que las conductas anticompetitivas son fundamentalmente dos: el abuso de posición dominante y acuerdos colusorios, particularmente los cárteles.
Recordó que "un cártel es un acuerdo secreto entre competidores por ejemplo para pactar los precios, limitar la producción o repartirse el mercado".
En este orden de cosas, incidió en que "la nueva ley ha incluido un programa llamado de una forma hiperbólica de Clemencia que en definitiva significa conceder la inmunidad a quien formando parte de un cártel denuncie ese cártel y permita su persecución".
"Gracias a la implementación de ese programa hemos conseguido ya sancionar algunos cárteles, que se ponían de acuerdo en perjuicio de los consumidores para aumentar los precios o no bajarlos o reducir la calidad y cantidad de los productos", subrayó.
INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN
En España el funcionamiento de estos órganos se estructura y coordina en una red integrada por el Estado y aquellas Comunidades Autónomas que han asumido en sus Estatutos de Autonomía las competencias en esta materia.
En el ámbito estatal estas funciones corresponden a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), quien se coordina para el desempeño de las mismas con el resto de los órganos equivalentes de los países miembros de la Unión Europea y con la propia Comisión Europea, así como con los órganos autonómicos de defensa de la competencia.
En el ámbito autonómico, son doce las comunidades autónomas que han asumido estas competencias en su ámbito territorial constituyendo sus propios órganos de defensa de la competencia.
Fruto de ese proceso de descentralización iniciado en 1999 ha sido la creación del Servicio Canario de Defensa de la Competencia, adscrito a la Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, cuya puesta en marcha y funcionamiento tuvo lugar el 3 de noviembre de 2008.
El Gobierno de Canarias ha optado, en principio, por un sistema de defensa de la competencia articulado en torno a un único órgano de carácter instructor, correspondiendo la resolución de los casos a la Comisión Nacional de la Competencia.
