MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha dado a conocer este martes por primera vez el tiempo que las entidades públicas --comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, etc.-- tardan en pagar a sus proveedores.
Desde julio, todas las Administraciones están obligadas a calcular y publicar lo que tardan en pagar sus facturas, para comprobar si cumplen con lo previsto en la normativa de morosidad.
El periodo medio de pago (PMP) a proveedores de las Comunidades Autónomas se situó en septiembre en 42,89 días de retraso sobre el plazo legal (de 30 días), y el de las Corporaciones Locales en 24,84 días de retraso.
Aragón es la Comunidad que más tarda en pagar a su proveedores, con 77,53 días de retraso por encima del plazo legal; seguido de la Comunidad Valenciana, con 74,42 días de retraso; Extremadura, con 72,3; Murcia, que tarda 65,22 días de media; Baleares, con 57,07; Andalucía, con 46,97; Madrid, con 46,38; Cataluña, que tarda 42,38; y Castilla-La Mancha, con 33,27 días de media.
De los principales ayuntamientos españoles, el de La Coruña es el que más tarda en pagar a sus proveedores, en concreto, 44,84 días de retraso respecto al plazo legal; le sigue Valencia, con un PMP de 41,94 días; Las Palmas de Gran Canaria, con 38,63; y Palma de Mallorca, que tarda 37,69.
Incluyendo a los municipios más pequeño la lista la encabeza Torrecilla de Alcañiz (Teruel), con un retraso de 218 días, Valdelacasa (Salamanca), con 191 días, Belmonte de Gracián (Zaragoza), con 173 días, y El Real de la Jara (Sevilla), con 170 días.
En este gráfico puedes ver cuánto tardan de media las entidades locales en pagar a sus proveedores. Los valores en negativo significan que esa entidad ha pagado a sus proveedores por debajo del plazo de 30 días.
Las Comunidades Autónomas y Entidades Locales que no paguen a sus proveedores en el plazo máximo establecido están obligadas a informar de los recursos que van a dedicar mensualmente al pago a proveedores y adoptar las medidas necesarias de gasto, ingreso o gestión de cobros y pagos para reducir su PMP. En caso de continuar incumpliendo, el Estado se hará cargo de las facturas reteniéndose del sistema de financiación a la administración territorial afectada.
