BRUSELAS, 4 May. (EUROPA PRESS) -
El comisario de Pesca y Asuntos Marítimos, Joe Borg, está "profundamente preocupado" por las presuntas prácticas de pesca ilegal de la empresa española Vidal Armadores, por lo que no descarta emprender acciones legales contra España si las autoridades no garantizan el cumplimiento por parte de dicho armador de la normativa comunitaria contra la captura ilegal, no declarada y no regulada.
El Ejecutivo comunitario "entiende" que las autoridades españolas están investigando el caso con la intención de emprender acciones legales contra el armador español y "sigue muy de cerca" la evolución los acontecimientos. No obstante, Borg precisó que Bruselas continuará teniendo en cuenta "todas las opciones apropiadas", incluidas "acciones legales contra el Estado miembro interesado" para garantizar el cumplimiento de la legislación comunitaria pertinente.
El comisario respondió así a una pregunta parlamentaria, en la que el eurodiputado de Iniciativa per Catalunya-Verds, Raül Romeva, denunciaba el "amplio historial delictivo" por pesca ilegal que pesa sobre la empresa Vidal Armadores.
A pesar de que varios barcos de este armador están incluidos en las listas negras de Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR), la empresa ha recibido desde 2002 subvenciones nacionales por valor de 2,99 millones de euros, según denuncia Romeva, además de una ayuda de 639.000 euros de la Xunta de Galicia y otros subsidios a empresas relacionadas.
En su respuesta, Borg apunta que el Ejecutivo comunitario solicitó en el pasado a las autoridades españolas que "emprendiesen urgentemente acciones contra Vidal Armadores" y "entiende que las autoridades españolas están investigando esta cuestión actualmente con la intención de emprender acciones legales contra la empresa".
Así las cosas, Borg concluye que la Comisión "está siguiendo muy de cerca los acontecimientos y continuará teniendo en consideración todas las opciones apropiadas. Entre éstas podrían encontrarse acciones legales contra el Estado miembro interesado para garantizar el cumplimiento de la legislación comunitaria pertinente".
