Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 17/03/2010 17:06
El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, defendió este miércoles el fortalecimiento del mercado interior de la UE para favorecer una recuperación económica sostenida. Además, confió en poder lograr un acuerdo con la Eurocámara para sacar adelante la directiva sobre morosidad.
Durante su intervención en la Comisión de mercado interior y protección de los consumidores del Parlamento Europeo, donde presentó las prioridades de la presidencia española en este ámbito, López Garrido dijo también que España quiere "recuperar el tiempo perdido" por el largo debate institucional y el retraso en la puesta en marcha de la nueva Comisión Europea.
"Cuando nos planteamos una recuperación económica sostenida para no caer en una crisis como ésta, la más grave desde 1930, hay que fortalecer el mercado interior y extraer nuevas dimensiones", dijo ante los eurodiputados. En este sentido, valoró positivamente que se haya situado en primer plano en el documento elaborado por el Ejecutivo comunitario sobre la llamada Estrategia 2020.
López Garrido subrayó, por otro lado, que es fundamental lograr una adecuada trasposición de la Directiva de servicios, cuyo plazo el plazo expiró en diciembre 2009 y todavía no ha sido incorporada al ordenamiento interno de todos los Estados miembros.
Informó de que el Consejo de Competitividad ha expresado su voluntad de "ganar la batalla" a la piratería intelectual y luchar contra los "atentados" contra la innovación y se comprometió a relanzar el debate sobre el sistema de patentes, a la espera de un dictamen del Tribunal Europeo de Justicia sobre este asunto. Mencionó igualmente la iniciativa legislativa en el ámbito de los derechos de autor como parte del plan de trabajo de la presidencia para el semestre.
De igual modo, expresó su deseo de lograr un acuerdo con el Parlamento Europeo sobre la directiva de morosidad en los pagos. La presidencia ha avanzado en el estudio de esta propuesta y las diferencias con la Eurocámara estriban, según detalló el secretario de Estado, en el tratamiento entre empresas y autoridades públicas, ámbito de aplicación de la directiva y quién debe soportar la sanción por impago.