MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
Las tres principales asociaciones empresariales fotovoltaicas han acordado denunciar los últimos recortes de primas al sector ante todas las instancias jurídicas posibles, incluida la Comisión Europea, ante la que denunciarán un incumplimiento del derecho comunitario y a la que pedirán que abra un procedimiento de infracción contra España.
Esta determinación del sector ha sido anunciada en una rueda de prensa en la que, en contra de lo habitual, han comparecido juntos los presidentes de las tres principales asociaciones fotovoltaicas, esto es, el de la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), Juan Laso; el de la división fotovoltaica de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), Javier García Breva, y el de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), Javier Anta.
Los recursos serán individuales y colectivos, y se dirigirán contra el real decreto 1565/2010 de noviembre en el que se recortan a 25 los años con prima y contra el real decreto ley 14/2010, en el que se limita en cerca del 30% el número de horas con derecho a esta retribución.
En paralelo, las asociaciones han creado varias plataformas de afectados, han encargado un estudio a Deloitte que demuestre que no son responsables del déficit de tarifa y han emprendido una campaña de contactos con grupos políticos para evitar que la semana que viene se convalide el real decreto ley 14/2010.
Dentro de estos contactos con formaciones políticas, AEF, APPA y ASIF aspiran a que se rechace la norma o, al menos, a que se tramite como proyecto de ley y puedan enmendarse los artículos referidos a la fotovoltaica. En este intento, esperan resultar más convincentes que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, quien la semana que viene se reunirá con partidos para pedirles que voten a favor.
"En este real decreto ley se nos ha dejado a las asociaciones en desamparo, y no podemos hacer otra cosa que intentar influir en las entidades políticas", afirmó Javier Anta.
"EN EL MISMO BARCO"
Para García Breva, "la noticia es que todo el sector fotovoltaico está en el mismo barco" después de las últimas "medida retroactivas", que se suman a recortes anteriores de primas por cerca del 60% y de un parón en el ritmo de instalación de nuevos megavatios de 2.600 a 250 anuales.
"La politíca energética del Gobierno ha sido irresponsable y ha venido acompañada de críticas e insultos a la fotovoltaica", afirmó, antes de defender que "la luz no es cara por la fotovoltaica, sino por el sistema de subastas Cesur, el carbón y la conformación de precio del 'pool'".
Por su parte, Laso exigió al Ejecutivo "seguridad jurídica" y aseguró que "la actuación arbitraria es lo peor que puede hacerse contra la credibibilidad". Además, lamentó que "se concentre más del 60% de los ahorros de costes en el sistema eléctrico en un sector que apenas supone el 10% de su coste".
DEL SUPREMO A BRUSELAS
Las demandas al real decreto 1565/2010 incluyen recursos contenciosos-administrativos ante el Tribunal Supremo y acciones de responsabilidad patrimonial de la Administración pública impulsadas por los afectos ente el Consejo de Ministros en un primer momento y ante el Supremo posteriormente.
En el caso del real decreto ley 14/2010, las asociaciones recurrirán ante la Audiencia Nacional para plantear una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y reclamarán responsabilidad patrimonial al Estado conforme los promotores de las plantas vayan viendo cómo a partir de mediados de años los efectos del recorte lastran sus cuentas.
En cuanto a las instancias internacionales, se dirigirán a la Comisión Europea y a instancias para inversores extranjeros ante la supuesta falta de la protección que ofrece la Carta Europea de la Energía y los convenios bilaterales firmados con otros países.
