MADRID, 2 Dic. (EDIZIONES) -
Después de malograrse el acuerdo que Abengoa pretendía cerrar con Gestamp para que este último asumiera el 28% de la compañía de renovables, la entidad solicitó el preconcurso de acreedores el pasado miércoles 26 de noviembre.
La multinacional dispone ahora de cuatro meses para intentar llegar a un acuerdo con sus acreedores y eludir así, el procedimiento concursal, una situación que, de no resolverse, podría suponer la mayor quiebra de una empresa en España.
Ante esta coyuntura, la plataforma de reclamaciones online reclamador.es ofrece una serie de consejos para asesorar a los trabajadores, acreedores e inversores perjudicados por la situación de la compañía andaluza.
TRABAJADORES
La medida habitual de las empresas ante un preconcurso es la suspensión de contratos mediante un ERTE, o el despido de sus empleados a través de un ERE. En ambos casos, Abengoa puede intentar pagar menos finiquitos.
En caso de hacerse efectivo el concurso, Abengoa solo estaría obligada a abonar los salarios de los últimos 30 días, por tanto los expertos recomiendan a los trabajadores de la compañia que en cuanto se produzca un impago por parte de la entidad, se reclame la cantidad adeudada.
ACREEDORES
Para aquellos que posean facturas impagadas de Abengoa, es posible que la multinacional intente renegociar la deuda reduciendo la cuantía de los cargos.
Si finalmente la compañía entra en concurso y no se está de acuerdo con la cantidad o el tipo de crédito reconocido, se recomienda que el afectado reclame con la ayuda de un abogado para lograr maximizar el cobro y evitar quitas desproporcionadas, según informan desde el portal.
INVERSORES
Los inversores, por su parte, son el colectivo de afectados más desprotegido ante la situación actual de Abengoa. Solo cobrarían en caso de que a la empresa le quedase capital suficiente después de liquidar íntegramente otros créditos preferentes.
Teniendo en cuenta el recorrido de la compañía de energías renovables en los últimos años, los expertos indican que se puede optar por solicitar la nulidad de las inversiones y obtener así, la devolución de lo invertido.
