MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
La reforma laboral aprobada por el Consejo de Ministros hace prácticamente un mes pasará este jueves su primer trámite en el Pleno del Congreso con la convalidación del decreto ley antes de convertirse en proyecto, una votación en la que el PP confía en reclutar a CiU, UPN y FAC para alcanzar un respaldo superior a los 200 votos.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, defenderá su reforma ante el resto de diputados y es previsible que algún grupo de la oposición quiera ejercer el turno en contra --en caso de pedirlo varios, sólo puede usarlo el más numeroso, con lo que previsiblemente será el PSOE o en su defecto IU-ICV-CHA--, lo que le garantizará un debate específico con el Gobierno en dos o tres intervenciones. El resto de grupos intervendría después fijando posición, terminando con el PP.
Entre otras cosas, el decreto ley garantiza una mayor flexibilidad a la hora de fijar salarios y jornadas para que "el despido sea la última opción" de los empresarios a la hora de afrontar dificultades.
Además, se crea un nuevo contrato para empresas de hasta 50 trabajadores que contraten a jóvenes menores de 30 años y se introduce nuevas bonificaciones a la contratación de colectivos con más dificultades, como los parados de larga duración.
La reforma acaba con la ultractividad de los convenios, facilita el 'descuelgue' para que empresarios y trabajadores puedan negociar sus condiciones en situaciones de dificultad, garantiza el derecho a la formación, modifica los contratos a tiempo parcial, crea por primera vez los contratos de teletrabajo, modifica el papel de las ETT en la colocación, elimina las autorizaciones administrativas de ERE y clarifica las causas de despido objetivo, reduciendo las indemnizaciones.
APOYOS Y RECHAZOS
Aunque la mayoría absoluta de la que gozan los 'populares' en el Congreso garantiza la convalidación, el PP quiere sumar el 'sí' de otras formaciones, para lo cual busca a CiU, UPN y FAC, los tres partidos que este martes rechazaron la retirada del decreto ley que reclamaba el PSOE.
CiU ha reconocido que su voto está condicionado a que se llegue a soluciones con respecto a determinados artículos que, en su opinión, suponen una invasión de competencias autonómicas. Es el principal escollo pues, en términos generales, los nacionalistas no ocultan que les gusta "la música" de la reforma.
Por su parte, UPN se debate entre el sí y la abstención y lo más posible es que haga un "apoyo constructivo" con vistas a la presentación posterior de enmiendas parciales, según han indicado a Europa Press desde la formación. En similares términos se maneja el Foro de Asturias.
Los que ya han expresado su rechazo al texto son PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y PNV, así como algunos de los partidos integrados en el Grupo Mixto, concretamente Amaiur, BNG, Geroa Bai, ERC y Compromís.
Las críticas principales a la reforma normativa se refieren a su falta de efecto inmediato en la creación de empleo, después de que el propio Gobierno avanzara que el año finalizará con 600.000 nuevos parados, así como al riesgo de que se despida a indefinidos para sustituirlos por temporales con menos derechos
Además, la oposición también reprocha al Gobierno que es una reforma "desequilibrada" por supeditar al trabajador a las decisiones que tome el empresarios, limitando su capacidad de presión al conflicto social. También la tachan de injusta y alertan de que conllevará la deslocalización de empresas y que abocará a los emprendedores a una carrera para reducir costes y salarios como vía para mejorar su competitividad.
ENMIENDAS Y RECURSOS
Por ello, cuando el decreto ley se convierta en proyecto de ley --decisión que también se votará este jueves y que se aprobará por unanimidad--, se abrirá un primer plazo de enmiendas a la totalidad, que deberá ir acompañada de un texto alternativo, y parciales.
Los socialistas ya tienen anunciada su propia propuesta alternativa que, según han avanzado, se basará en la reforma realizada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y contra la que se convocó una huelga general, y en el acuerdo alcanzado por los agentes sociales a finales de enero en relación con la moderación salarial y la negociación colectiva.
Una vez se vea qué cambios acepta el Gobierno, que ya ha avanzado que no modificará el eje central de la reforma, los socialistas decidirán si presentan un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), una opción que la Izquierda Plural quiere adoptar ya contra el propio decreto ley, pero que requiere reunir al menos 50 diputados.
Además, tanto CiU como los partidos catalanes de izquierdas (PSC,ICV-EUiA, ERC y SI) han presentado sendas solicitudes ante el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña para que estudie si la reforma invade competencias en materia de autoridad laboral.
Asimismo, los sindicatos han convocado durante las últimas semanas todo un calendario de movilizaciones contra la reforma, y aún debaten si convocan una huelga general. UGT y CC.OO. se han reunido también con los diferentes grupos parlamentarios para presentarles sus propuestas alternativas a las medidas del Gobierno, lo mismo que han hecho empresarios y autónomos.
Las críticas han llegado asimismo desde el sindicato mayoritario de los funcionarios, CSI-F, que teme que se despida a trabajadores que han obtenido sus plazas vía oposición y que se descapitalice los servicios sociales; mientras que entidades internacionales como la OCDE o el FMI, o dirigentes como Angela Merkel y Mario Monti han aplaudido la reforma española.
(EUROPA PRESS ECONOMIA)
