MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PP ha rechazado este martes todas las propuestas de la oposición para resolver el problema de la sostenibilidad financiera del sistema ferroviario de alta velocidad del que alerta el Tribunal de Cuentas, porque considera que la Ley del Sector Ferroviario aprobada hace apenas un mes ya soluciona esas cuestiones.
El portavoz 'popular' en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Eloy Suárez, ha explicado que el voto en contra de su grupo a la treintena de propuestas de resolución presentadas por la oposición al 'Informe de fiscalización de la financiación de las infraestructuras ferroviarias 2011-2013' se debe "fundamentalmente a que la Ley del Sector Ferroviario da respuesta a muchos de los problemas que aquí se plantean".
Algo que no comparte el portavoz de Fomento del PSOE, Juan Luis Gordo, para quien las "incertidumbres" que señala el Tribunal de Cuentas se verán agravadas en los próximos años por el fin del periodo de carencia de un préstamo de 9.500 millones de euros al que deberá hacer frente Adif. "Ésa será la gran herencia recibida del Gobierno del PP", ha acusado.
CUÁNTA "OSADÍA".
Suárez ha replicado a la "osadía" del diputado socialista por "hablar de herencias" recordándole los 30.000 millones de euros de déficit "escondido" que el Ejecutivo de Mariano Rajoy encontró al inicio de la legislatura, y también indicándole que el informe "del que sí se va a hablar" en los próximos años es el que fiscaliza la financiación de las infraestructuras ferroviarias entre 2008 y 2011, coincidiendo con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
"Usted de rondón intenta colocar el mensaje de 'qué malos son los del PP', e insinúa que hablaremos mucho de este informe. Pero del que se va a hablar, porque está en los tribunales, es del informe de 2008-2011, que era bastante más duro que éste y al que ustedes no presentaron más que dos propuestas de resolución. Su discurso tiene poca coherencia", ha reprochado.
Sin embargo, el portavoz socialista no ha sido el único en criticar al PP por su política ferroviaria. También el nacionalista catalán Carles Páramo (CDC) ha recriminado el "derroche" de recursos públicos que se ha hecho en la construcción de líneas de AVE "financieramente no sostenibles" siguiendo criterios únicamente "centralizadores", lo que "no contribuye para nada al bienestar de la sociedad" ni a priorizar la competitividad productiva.
"Ustedes persisten en el planteamiento de Cataluña contra España y España contra Cataluña. Que no, hombre, que no. Que éstas son propuestas de resolución de carácter técnico, y lo que ustedes plantean está al margen del informe. Y, además, lo hacen con una dosis de profunda insolidaridad, porque precisamente Cataluña tiene todas las infraestructuras del mundo y unas poquitas más. Dejen que al resto de España llegue también el AVE y cualquier otra infraestructura ferroviaria", ha replicado Suárez.
RESOLUCIONES IGNORADAS.
Por su parte, el portavoz económico de UPyD, Rafael Calduch, ha aprovechado su intervención para denunciar "cómo sistemáticamente las recomendaciones y soluciones" adoptadas por el Tribunal de Cuentas y la comisión parlamentaria correspondiente son "reiteradamente ignoradas".
"Es inaceptable que Adif se salte a la torera los límites de deuda que se le impone en los Presupuestos, que tenga una mora con el 85% de sus proveedores o que incumpla los plazos de pago establecidos por ley. Hay que poner coto a que Adif se haya convertido en un estado dentro del Estado, máxime cuando se va a privatizar y como consecuencia de ello podrá campar a sus anchas. Si ya lo hace siendo una empresa dependiente del Estado imagínense cuando sea privada", ha advertido el diputado magenta.
Pese a todas estas advertencias, la única resolución que ha salido adelante ha sido finalmente la del PP, que se limita a pedir a Adif que "continúe desarrollando el plan de negocio en marcha en alta velocidad" y que "aplique soluciones técnicas ajustadas a la demanda, asegurando la sostenibilidad económico-financiera de Adif Alta Velocidad a largo plazo".
En su informe, el Tribunal de Cuentas advertía de que el alto endeudamiento del gestor de infraestructuras ferroviarias junto con unos cánones por uso que apenas cubren la mitad de los costes hacen las cuentas de la empresa insostenibles, algo que no se solucionará con la futura liberalización ya que en principio no se tiene previsto incluir en la balanza los gastos financieros y de amortización.
Por eso, el organismo recomendaba al Ministerio de Fomento y a Adif revisar la política de cánones ferroviarios, introducir el "principio de racionalidad" en la ejecución de gastos, limitar las inversiones "altamente deficitarias" y ajustar "mejor" los proyectos a realizar a las perspectivas de financiación, "priorizando la evaluación socioeconómica" de cada iniciativa, dado que aún quedan 28.396 millones de euros para completar la red de alta velocidad.
Sin embargo, el PP considera que el Plan de Negocio de Adif Alta Velocidad "apuesta por completar la red que se encuentra en ejecución", lo que permitirá "incrementar significativamente el número de viajeros" y de circulaciones por la red, lo que conllevará un "incremento significativo de ingresos" para la empresa pública.
Además, se recuerda que al inicio de la legislatura "lo primero que se hizo fue revisar la planificación y ajustarla a las necesidades reales", con lo que las inversiones ya están "ajustadas a las necesidades de la demanda", de modo que la planificación económico-financiera de Adif "asegura su sostenibilidad a largo plazo".
En cualquier caso, Fomento recuerda que el cierre del mallado de alta velocidad también generará "nuevas relaciones comerciales" entre tramos ya en servicio, y que las expectativas de crecimiento "son mayores considerando el proceso de liberalización" puesto en marcha con el Corredor del Levante. Junto a eso, España pretende "aprovechar al máximo" los fondos europeos destinados a este tipo de infraestructuras.
