Asegura que los funcionarios serán suspendidos de forma provisional y que las resoluciones irregulares "serán anuladas"
MURCIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno en Murcia, Rafael González Tovar, confirmó hoy, en rueda de prensa, la detención del inspector jefe de la segunda actividad de la Brigada de Extranjería y Documentación de Murcia, Diego de Gea, por su implicación en una supuesta red dedicada a regularizar a inmigrantes de forma fraudulenta.
La operación realizada por la Guardia Civil, denominada 'Huellas', se ha saldado en total con la detención de 21 personas y la imputación de 17 más, entre las que se encuentran seis funcionarios de la Administración y miembros del Cuerpo Nacional de Policía destinados en el edificio de Extranjería de Murcia, el resto son extranjeros.
En concreto, entre los funcionarios públicos hay tres miembros del Cuerpo Nacional de Policía, todos ellos imputados y un detenido; así como dos del cuerpo administrativo de la Policía, ambos imputados y uno de ellos detenido; y "un ordenanza de la Oficina Única de extranjería como imputado", señaló.
"La única novedad que hay en este caso es que las personas del Cuerpo del Funcionariado que han sido detenidos fueron incomunicados por orden del juez a lo largo de la mañana de hoy y que todavía siguen las declaraciones del resto de imputados", apuntó.
González Tovar, en compañía del responsable de la Oficina Única de Extranjería (O.U.E.), Fulgencio Puche, explicó que fue el pasado lunes, 16 de febrero, cuando la Jefatura de Zona de la Guardia Civil de Murcia "conseguía localizar e imputar en menos de diez horas a las 38 personas implicadas en dicha trama, en las que se llevó a cabo también cinco registros domiciliarios y la incautación de numerosa documentación falsificada".
También aseguró que los hechos se remontan a octubre de 2008, cuando la Guardia Civil recogió una serie de denuncias de particulares y de organizaciones versadas en supuestas prácticas irregulares que se venían sucediendo en torno a trámites administrativos gestionados en el inmueble de la Oficina Única de Extranjeros (O.U.E.), más concretamente en el área policial de dicho inmueble.
Tales irregularidades se enmarcaban en el proceso de estampación de la huella digital, así como en la expedición de tarjetas de trabajo y/o residencia. De hecho, algunos de los inmigrantes que conseguían regularizar su situación administrativa tenían incluso causas pendientes con la justicia, llegando a estar buscados por ella.
Tras una "exhaustiva" y "minuciosa" investigación por parte de la Guardia Civil, que llevó a interceptar teléfonos, llamadas o revisar expedientes, se pudo determinar la existencia clara de dos grupos de actores "perfectamente estructurados y jerarquizados" de forma piramidal.
Un primero formado por funcionarios públicos tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de la Administración General del Estado destinados en el área policial de la O.U.E, que serían los que tendrían acceso a realizar los trámites fraudulentos a cambio de supuestas comisiones económicas. Aunque, matizó, todo "está en fase de investigación por parte del juez".
Un segundo grupo, estructurado de forma jerarquizada y piramidal, formado por personas de origen árabe externas a la O.U.E. y en cuyo vértice se encontraba un marroquí --que responde a las iniciales de T.N.-- el cual mantenía "estrechas" relaciones con el primero de ellos, y ejercía de enlace personalmente entre los mismos. El resto lo componían facilitadores o captadores de clientes que se los hacían llegar a T.N. Sobre este grupo se han realizado 18 detenciones y otras 14 imputaciones.
MEDIDAS.
El delegado del Gobierno, que aseguró que están a la espera del auto judicial así como que la investigación está bajo secreto sumarial, manifestó que "tramitaremos a los órganos competentes de los ministerios responsables la actitud a adoptar tanto con funcionarios como todos los servidores públicos imputados en esta trama".
Al tiempo que recordó, que de acuerdo al Estatuto del Empleado Público, "deberá acordarse la suspensión provisional de funciones de aquellos empleados que estén inmersos en un proceso judicial durante la tramitación del mismo".
Asimismo resaltó que el material incautado "será analizado" y que las resoluciones de las personas que hayan acometido algún tipo de irregularidad para obtener tarjetas de residencia y trabajo serán anuladas. "Si esto conduce a una situación irregular de la persona, obviamente se le abrirá un expediente de expulsión", sentenció.
Por su parte, el responsable de la Oficina Única de Extranjería en Murcia, manifestó que "somos los primeros interesados en que las autorizaciones de residencia y trabajo se hagan con total transparencia y de acuerdo a la legalidad", de tal manera, añadió, "nuestra comunicación con la Inspección de Trabajo y Cuerpos Policiales es permanente".
Esta actuación "responde a un criterio fundamental, y es que gran cantidad de gente quiere tener acceso a una serie de autorizaciones y en torno a eso se generan, de forma más fácil que en otras actividades de esta vida, mafias y redes", apuntó Puche. "Nosotros ya contamos con eso y por tanto estamos pendientes permanentemente y produciendo escritos hacia la Policía sobre cualquier duda o verificación".
Al tiempo, que trasladó a la ciudadanía la "máxima tranquilidad" porque desde la O.U.E. "velamos por los derechos de los extranjeros y ciudadanos para que las autorizaciones que hacemos se ajusten a la legalidad, asimismo estamos pendientes para que todas aquellas acciones que pudieran ser delictivas rápidamente se puedan poner en conocimiento de los cuerpos policiales".
En este sentido, el delegado reiteró que "esta operación lo primero que va a intentar es que en esos presuntos delitos y las personas que lo han cometido paguen por ello ya, lo siguiente es ver qué posibles condiciones pueden haber propiciado determinadas actitudes". La responsabilidad, aclaró, "es de esas personas que se ha desviado de la línea marcada por la O.U.E. y los Cuerpos y Fuerzas del Estado".
En cualquier caso, concluyó Puche, "a lo largo del desarrollo de los acontecimientos y de las posibles resoluciones judiciales se harán las actuaciones oportunas para la suspensión provisional o el cambio de puesto, según lo que corresponda".
Por último, cabe destacar que aquellas personas que habían pagado por la compra de documentos falsos o habían realizado los trámites de forma irregular fueron puestas en libertad tras prestar manifestación.
En otro sentido, aquellos pertenecientes a los dos grupos anteriormente citados pasaban en calidad de detenidos a disposición judicial. El total de la operación arroja un total de 21 detenciones y 17 imputaciones, 5 registros domiciliarios y la incautación de numerosa documentación falsificada.
Para la identificación y detención de los funcionarios implicados se ha contado con la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía y responsables de la Oficina Única de Extranjería.
