MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha formulado una recomendación al Ministerio de Justicia para que los centros de menores infractores tengan la obligación de comunicar al abogado del menor todas las sanciones disciplinarias que se le impongan a éste, con el objetivo de garantizar el interés superior del menor, su derecho a la defensa y la asistencia letrada.
Según explica esta institución en su boletín mensual 'El Defensor al Día', que recoge Europa Press, en los centros que ha visitado en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura se ha constatado que las sanciones son comunicadas al juez y al fiscal de menores y a la consejería correspondiente, pero no al abogado del menor a pesar de que las sanciones puedan ser recurridas.
Para ello, sugiere la modificación del artículo 76 del Real Decreto 1774/2004 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de responsabilidad penal de los menores. Asimismo, aboga por clarificar en qué casos será obligatoria esa comunicación, que a juicio de la Defensora debería ser, al menos, cuando la sanción sea la separación del grupo, algo que ocurre en casos graves o muy graves.
