MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha pedido al Gobierno que elabore un proyecto de ley de nacionalidad que termine con las "discriminaciones" y los "anacronismos" que, a su juicio, existe entre extranjeros residentes tras las últimas modificaciones realizadas por el PP. Denuncian la disparidad que supone que naturales de algunos países tardan dos años en conseguir la nacionalidad, frente a otros que se demoran hasta una década.
A través de una proposición no de ley registrada en el Congreso, los socialistas explican que, por ejemplo, los estudiantes extranjeros, hijos de inmigrantes, tienen que hacer los mismos exámenes que el resto, "como si para sus estudios no hubieran aprobado ya suficientes exámenes en español".
En concreto, se les impone un examen general de español y de conocimiento de la constitución para probar la integración de los aspirantes a adquirir la nacionalidad. "La existencia de un examen obligatorio implica que inmigrantes integrados y perfectamente capaces de comunicarse pueden, sin embargo, suspender ese examen de integración e impedir la adquisición de la nacionalidad si no logran estar al nivel exigido", apunta el PSOE.
En la iniciativa, recogida por Europa Press, también critican que la reforma 'popular' impuso lo que consideran un "pago indiscriminado de tasas" que antes no se exigían y que, según indican, "tampoco guardan relación con la capacidad económica de los solicitantes".
"La Ley de memoria histórica consiguió solucionar numerosos casos de descendientes de españoles residentes en el extranjero, pero otros, en la aplicación práctica de dicha reforma, se comprobaron con su aplicación práctica que quedaban sin resolver", apuntan, para justificar esta propuesta.
EXPEDIENTES DE CONCESIÓN EN MENOS DE 3 MESES
Del mismo modo, llaman a que la reforma trate la actualización de los supuestos de adquisición de la nacionalidad por residencia, que incorpore una reducción sensible de los plazos máximos exigidos actualmente para la mayoría de nacionalidades, la revisión de los supuestos de renuncia a la nacionalidad anterior y la valoración de la trayectoria de integración, más allá de un examen, como elemento preeminente a la hora de evaluar las condiciones del acceso.
Finalmente, exigen al Ejecutivo un compromiso para que, antes de que finalice la legislatura, el plazo medio de tramitación de los expedientes de concesión de la nacionalidad española no superen los tres meses desde su solicitud. Para ello, indican, se debe acometer "el necesario refuerzo estructural de los medios del Ministerio de Justicia".
