Tribunales.- El fiscal jefe de Canarias exige más centros y recursos para menores con problemas de conducta o adicciones

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Vicente Garrido, reclamó hoy que las autoridades competentes reflexionen sobre la necesidad de hacer un replanteamiento de la situación de los menores en las islas, al tiempo que exigió más centros para jóvenes "con problemas serios de conducta o adicciones".

En su discurso en el acto solemne de inauguración del Año Judicial en Canarias, Garrido destacó que el problema de los menores en las islas es "extraordinariamente preocupante".

De ahí que consideró necesario "no sólo más centros, hogares o espacios de convivencia, sino también recursos específicos para chicos con problemas serios de trastornos de conducta o adicciones ya que los que los actuales medios son manifiestamente insuficientes, por no decir perjudiciales para su futura evolución".

Además, planteó que "se han de establecer ratios adecuadas, en número y cualificación, del personal que sea necesario para atender, con criterios formativos sólidos, a los menores acogidos por las instituciones públicas".

En su opinión, "es necesario también solventar las disfunciones que todavía se observan, con más frecuencia de la que sería deseable, en materia de regularización de la situación jurídico administrativa de los menores, tanto nacionales como extranjeros, que les permita contar no sólo con la documentación que les corresponde, sino con la posibilidad de acceder pronto a las distintas fórmulas de acogimiento previstas en la propia norma".

INVERSIÓN DE FUTURO

A juicio del fiscal jefe, "la fluida relación entre las administraciones implicadas, en una materia en la que las competencias están tan repartidas, ha de ser el norte que guíe su actuación en un asunto tan delicado como éste".

Desde la Fiscalía ofrece el compromiso de una "colaboración leal y constructiva, pero también exigente, en el ejercicio de su función de supervisar la actuación administrativa en una materia en la que debe primar, de manera real y efectiva, el superior interés del menor, tanto en la vertiente de su protección como de su reforma, con la finalidad de conseguir que la primera no se convierta inevitablemente en la antesala de la segunda".

Por último, indicó que el Ministerio Público es "conciente" de las dificultades presupuestarias por las que atraviesa España, pero cree "que todo lo que se implemente en esta materia no puede ser considerado como un gasto, sino como una inversión en el futuro de Canarias".