La "pesadilla" de los desahucios alcanza a madres solteras, víctimas de abuso e inmigrantes, según la ONG
MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -
Human Rights Watch (HRW) ha apelado a la "responsabilidad del Gobierno" para garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos en España, "incluido el derecho a una vivienda adecuada".
La organización ha presentado este miércoles el informe 'Sueños rotos. El impacto de la crisis española de la vivienda en grupos vulnerables' en el que repasa las causas de la crisis de la vivienda en España y recuerda que entre estas, se encuentra la "falta de supervisión" de las prácticas de préstamos hipotecarios y "una historia de décadas de políticas gubernamentales que promovieron enérgicamente la propiedad privada y la toma de préstamos".
Durante los años de auge económico, según ha indicado HRW, se llevaron a cabo "préstamos irresponsables y cláusulas injustas en los contratos hipotecarios" entre las que destaca tasas de interés de demora "exorbitantes" o intermediarios "sin escrúpulos", mientras que la promoción de la vivienda en propiedad repercutía en la falta de una oferta "apropiada y asequible" de vivienda de alquiler y de inversión en vivienda social.
Como consecuencia, la crisis de la vivienda en España, provocada por la crisis económica ha convertido "el sueño de tener casa propia en una pesadilla de ejecuciones hipotecarias, desahucios y sobreendeudamiento", que afecta de modo particular a mujeres que son cabeza de familia o víctimas de abuso económico por parte de una ex pareja y los niños.
El documento recoge los testimonios en profundidad de un total de 44 personas que han pasado por un desahucio o se enfrentan a la perspectiva de ser echados de sus casas por el impago de la hipoteca.
Ante esta situación, la investigadora senior de la organización, Judith Sunderland, ha insistido en que, si bien las medidas adoptadas por el Ejecutivo ampliaron la cobertura de este derecho, se hicieron con criterios que "continúan siendo demasiado limitados y en algunos casos entran en conflicto con el derecho internacional".
"Sólo las familias con tres o más hijos, familias monoparentales con dos o más hijos y las familias de dos padres con un niño de 3 años o menos, pueden beneficiarse de la moratoria", ha ejemplificado la investigadora de la organización.
Del mismo modo, ha señalado que los criterios aprobados por el Gobierno establecen que "una familia de un niño de tres años puede quedarse en su casa, pero una con un hijo de cuatro años no".
A juicio se Sunderland, se trata de una distinción "puramente arbitraria" y ha recordado que la denominación de niños (y las protecciones asociadas a ellos, entre las que se encuentra la vivienda) que utiliza el derecho internacional es la de cualquier persona menor de 18 años.
Además, ha recordado que, si bien el derecho internacional no reconoce el derecho a la vivienda como derecho a la propiedad, "sí impone a los gobiernos la obligación de instituir políticas y legislaciones que garanticen progresivamente el derecho a una vivienda adecuada -para todos los segmentos de la sociedad- de la manera más rápida posible". "El gobierno debería tener normas mejores, más racionales y más justas", ha concluido.
