Bruselas admite "un problema medioambiental" en Huelva y analizará los equipos para medir los niveles radioactivos
BRUSELAS, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea y el Parlamento Europeo han acordado esta mañana enviar en otoño y antes de que acabe el año, respectivamente, sendas delegaciones a Huelva para recabar información sobre los vertidos tóxicos y los niveles radioactivos en el estuario de Huelva, después de que el Comité de Peticiones de la Eurocámara debatiera hoy la denuncia presentada por varias organizaciones y asociaciones contra su impacto medioambiental en Huelva.
Pedro Jiménez, el representante de la Asociación Mesa de la Ría de Huelva, uno de los organismos denunciantes de la situación de los vertidos junto con la ONG medioambiental Greenpeace y el Proyecto Inter/Sur para la Ecociudadanía, instó al Ejecutivo comunitario a visitar la zona "en la mayor brevedad posible" con el objetivo de poner fin de manera "inmediata" a los vertidos de fosfoyesos --derivados de la producción de fertilizantes-- en las marismas del estuario de Huelva.
En su intervención durante el debate, Jiménez calificó de "claramente insostenible" la actividad de las empresas fertilizantes responsables de los vertidos Fertiberia y FMC Foret, ubicadas en el complejo industrial de Punta del Sebo, después de haber contribuido a generar "más de 120 millones de toneladas" de fosfoyesos en la zona en las últimas décadas.
La representante de la Comisión Europea Yolanda Villar aseguró que ésta "es consciente de que existe un problema medioambiental" en Huelva, reconoció la necesidad de "verificar" el impacto medioambiental y las condiciones del tratamiento de los vertidos de fosfoyesos en el Estuario de Huelva y explicó que la Comisión estudia actualmente las respuestas que el Gobierno español le remitió el pasado mes de junio para "garantizar la seguridad, estabilidad y ausencia de polución" en estos vertederos.
BRUSELAS ESTUDIA LA RESPUESTA DEL GOBIERNO ESPAÑOL
Villar recordó que la Comisión visitó de manera "excepcional" la zona en noviembre de 2008 y, previamente, remitió una carta de emplazamiento al Gobierno español en abril de 2008 --el primer paso de un procedimiento de infracción-- para conocer "la situación de estos vertederos" y, tras comprometerse a dar seguimiento al caso, aseguró que el Ejecutivo comunitario espera tomar una decisión sobre el mismo en un plazo "relativamente corto", una vez complete su examen "exhaustivo" de la respuesta de las autoridades españolas.
"Las actividades de estas dos instalaciones (Fertiberia y FMC Foret) se deberían adecuar a la normativa" comunitaria en materia de tratamientos residuales y medioambiental pero dejó claro que Bruselas sólo es competente para pronunciarse sobre los vertidos producidos "con posterioridad" a la entrada en vigor de la normativa comunitaria y no a los vertidos producidos en los últimos 60 años de actividad de la planta industrial en Punta del Sebo.
La delegación de la Comisión Europea, que visitará Huelva este otoño, se encargará de "verificar" si los equipos de medición de niveles de radioactividad de las autoridades españolas en la zona "son adecuados y si funcionan correctamente" e informarán al Comité de Peticiones de la Eurocámara de su visita, ante de la denuncias del Proyecto Inter/Sur para la Ecociudadanía y de la Mesa de la Ría de Huelva sobre la contaminación radioactiva del Río Tinto y del Río de Huelva.
GREENPEACE PIDE LLEVAR EL CASO AL TRIBUNAL EUROPEO
El representante de Greenpeace y ex eurodiputado de Los Verdes en la anterior legislatura David Hammerstein lamentó la actitud "muy pasiva" de la Comisión Europea para intervenir en "uno de los mayores vertederos tóxicos de Europa, sino el mayor" que, a su juicio, no sólo "amenaza la salud pública" sino que también afecta a una zona protegida de la Red Natura 2000 y consideró "una burla total" la autorización de la Junta de Andalucía de permitir los vertidos durante 3 años más, hasta el 31 de diciembre de 2010.
A su juicio "no basta" con poner fin a "la actividad ilegal" en torno a los vertederos sino que hay que impulsar un plan para recuperar y rehabilitar la zona y, desde esta perspectiva, reclamó a la Comisión Europea que envíe un dictamen motivado a España --el segundo paso de un procedimiento de infracción-- y "lleve este caso al Tribunal de Justicia" de la UE por la necesidad de velar por el "cumplimiento estricto" de la legislación comunitaria en materia medioambiental y garantizar el principios, dijo de que "quien contamine paga", en alusión a las empresas.
Además, Hammerstein reclamó "una evaluación científica de toda la zona" con presencia de expertos científicos y no sólo "una visita política" de una comisión parlamentaria de la Eurocámara.
VISITA DELEGACIÓN DE LA EUROCÁMARA
Por su parte, el eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer consideró "crucial" la medición radioactiva en la zona por parte de la Comisión y celebró asimismo el compromiso de enviar "antes de que termine el año" una delegación del Comité de Peticiones de la Eurocámara a Huelva para recabar información de "los peticionarios y todas las administraciones implicadas", dado que la visita ya se acordó en la pasada legislatura y fue retrasada por las elecciones europeas del pasado 7 de junio. A su juicio es necesario "despejar" en primer lugar "qué hacer con las 120 millones de toneladas de fosfoyesos" y "el nivel de radioactividad" en la zona.
Por su parte, el eurodiputado socialista Luis Yáñez consideró que aunque "no ha habido ningún tipo de amenaza para la Salud" y que tampoco "hay radiaciones por encima de lo normal" en la zona, los vertidos han perjudicado "gravemente" las marismas de Huelva y, por tanto, reclamó que las empresas fertilizantes contribuyan "económicamente" a la rehabilitación y recuperación de la zona.
El vicepresidente del Comité de Peticiones, Cárlos Iturgáiz, defendió que, antes de que la comisión parlamentaria tome "ninguna decisión" sobre este caso, tanto la Junta de Andalucía como las propias empresas puedan pronunciarse al respecto a fin de "escuchar a todas las partes".
Aunque el eurodiputado socialista Miguel Ángel Martínez consideró "razonable" aplazar la visita de la delegación del Comité de Peticiones a Huelva hasta conocer el informe de la delegación de la Comisión, algo que rechazó Meyer, la presidenta del Comité de Peticiones, la italiana Erminia Mazzoni, explicó que se trata de visitas "independientes". "Seguiremos adelante con la planificación de esta visita", concluyó.
