MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los fiscales de extranjería del territorio nacional emitieron el año pasado 14.004 dictámenes sobre autorizaciones judiciales para el ingreso de inmigrantes sometidas a un expediente de expulsión en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y en más de la cuarta parte de los casos, (26,64%), desaconsejaron que el inmigrante fuera retenido.
Así se desprende de la memoria anual del Fiscal Coordinador de Sala de Extranjería, donde se recoge que, en total, el año pasado fueron privados de libertad en estas instalaciones 13.241 ciudadanos, de los que menos de la mitad, 6.825, fueron efectivamente expulsados o retornados a su país de procedencia.
Aunque de media, se desaconsejó el ingreso de una de cada cuatro de estas personas, la tasa depende de la Fiscalía de que se trate, porque mientras en Asturias el fiscal estuvo de acuerdo en el internamiento del extranjero en el 97,93 por ciento de los casos, en Madrid, donde se formula el mayor número de dictámenes, la medida sólo estuvo respaldada por el Ministerio Público en la mitad de los expedientes.
Además, en última instancia el ingreso depende del juzgado y aquí también hay diferencias. Aunque en gran parte del país la recomendación del fiscal se traduce en la respuesta judicial, en casos como Ceuta sólo se autorizó el 40,7% de los internamientos pese al 78,72% que avalaba la Fiscalía, en Badajoz y Barcelona la disparidad rondó el 40%, en Madrid un 20 por ciento y en Álava, en torno a un 10%.
En cuanto a las condiciones de estos centros, un año más la Fiscalía solicita el cierre del CIE de Málaga porque afirma que si bien "aunque la mayoría" de estos centros "adolecen de deficiencias y carencias de mayor o menor entidad que necesariamente deben ser corregidas", las que caracterizan al llamado centro de Capuchinos son "de tal entidad y magnitud que sólo pueden ser solventadas con su cierre inmediato y, en su caso, su posterior reconstrucción".
La memoria anual señala además "tres circunstancias que son fuente de preocupación e inquietud" según el CIE afectado y que resultan "fuente de conflictividad": la masificación (especialmente el de Algeciras y Madrid), la ausencia de módulos para separar a internos con delitos de quienes simplemente se encontraban en situación irregular y la "inadecuada organización y funcionamiento" de los Juzgados de Control de Estancias en Algeciras.
El informe indica asimismo que el año pasado los fiscales emitieron 3.186 dictámenes informando favorablemente que se sustituyera la pena de cárcel a un extranjero en prisión preventiva por la expulsión del territorio nacional, sustitución que fue aplicada finalmente a 98 personas. También fueron expulsados 817 internos que habían cumplido ya al menos un tercio de su condena en cárceles españolas, después de que Fiscalía revisara 4.694 de estos expedientes.
Los expulsados eran principalmente marroquíes (25,5%), argelinos (14,5%9 y colombianos (4,3%), que en la mayoría de los casos tenían delitos contra la propiedad (hurtos y robos), de lesiones y de violencia de género, especialmente los dos primeros, que han registrado un "incremento notabilísimo", según Fiscalía, en detrimento de los delitos de propiedad intelectual por la despenalización del top manta.
CRECE POR PRIMERA VEZ LA CIFRA DE MENAS
Por otro lado, el informe se refiere a los 357 menores extranjeros que llegaron el año pasado a España sin compañía de un adulto, cifra que supuso un 34,7 por ciento más que en 2010 marcando así el primer incremento desde 2006. Aunque no hay cifras concretas, la Fiscalía también advierte de un aumento de las llegadas de niños y adolescentes por vía terrestre ocultos en vehículos a motor.
En total, los fiscales incoaron 2.418 expedientes para determinar la edad de jóvenes detectados por las administraciones públicas y en más de la mitad de los casos (1.242) concluyó que no habían cumplido los 18 años. La mayoría de estos expedientes se llevaron a cabo en los puntos de entrada más comunes al territorio español (costas andaluzas, murcianas y ciudades autónomas) aunque Barcelona es la que abrió el mayor número de casos (13,81%) seguida por las fiscalías vascas.
En cuanto a la repatriación de estos menores, se incoaron 115 expedientes comunicados a la Fiscalía, de los que el fiscal informó 6 y finalmente se ejecutaron 4, cifras que suponen un descenso respecto al año anterior, cuando fueron 294 los expedientes abiertos, 12 los informados y media docena los ejecutados.
