MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
Las portavoces parlamentarias del área de Igualdad en el Congreso y el Senado acudirán este miércoles al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a presentar sus propuestas de mejora en la lucha contra la violencia de género.
La reunión es resultado del grupo de trabajo creado el pasado mes de abril a instancias de la ministra Ana Mato y la secretaria de Estado, Susana Camarero, para analizar el desarrollo y funcionamiento de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que cumple este mes de noviembre 10 años.
La creación del grupo y su forma de trabajo no estuvo exento de polémica. El Grupo Socialista venía reclamando la creación de una subcomisión en el Congreso específica para realizar la evaluación de la ley, petición que fue rechazada por el PP con el argumento de que ya existía una subcomisión, la de Trata, y el reglamento no permite más.
Desde el PP, afirman que la reacción del principal partido de la oposición ha sido desde entonces "boicotear" los trabajos del grupo, no asistiendo a las reuniones y evitando presentar propuestas. Según explicó la portavoz 'popular' de Igualdad, Marta González, en lugar de aportar a la lucha contra la violencia de género, en el principal partido de la oposición "no han presentado una sola iniciativa" hasta el último momento.
En el PSOE dicen que de 6 reuniones convocadas se celebraron 3 y afirman que la reunión del miércoles "es una foto". "No entendemos que se rechacen las solicitudes de comparecencia en sede parlamentaria y las iniciativas que tenemos registradas y sin embargo, se nos pidan de tapadillo, sin taquígrafos, sin prensa, donde la ciudadanía no puede ver qué está pasando, unas propuestas para que ellos luego vean qué hacer con ellas", decía en una entrevista con Europa Press la socialista Carmen Montón.
Para la diputada, "la forma de trabajo no ha sido seria ni rigurosa" y ha supuesto "una dilación de tiempo". "Si de verdad se quiere después de diez años de funcionamiento de la Ley Integral evaluar qué está sucediendo con la violencia de género en España, pongamos una comisión extraordinaria en el Congreso. ¿O es que nos preocupa menos?", señaló.
Ante la imposibilidad de pactar así un documento único y consensuado de propuestas, objetivo con el que se creó este grupo informal de trabajo, las diputadas y senadoras han optado por entregar a la ministra de Sanidad la recopilación de las propuestas que cada uno ha elaborado en el plazo que se había fijado. En el dossier figuran, las del PP, las del PSOE, las de UPyD y las de CiU.
En el caso de los 'populares', como ya adelantó Europa Press, se trata de una batería con 20 medidas concretas entre las que figuran imponer formación obligatoria para poder ser magistrado de un Juez de Violencia sobre la Mujer, reforzar las penas de alejamiento para que puedan implicar la expulsión del maltratador de una localidad pequeña o ampliar las competencias de los juzgados especializados, entre otras.
En cuanto al Grupo Socialista, su documento recoge algunas de las propuestas que ha venido reclamando el PSOE, como crear un fondo de cien millones de euros para que los ayuntamientos atiendan a las mujeres, junto a medidas que han tenido forma en algún momento de iniciativa parlamentaria, como crear un Pacto de Estado contra la violencia, reponer el presupuesto previo a la crisis o retirar leyes como la reforma de los consistorios.
En CiU, por su parte, coinciden con el planteamiento socialista de crear una Comisión permanente en el Congreso para analizar la violencia de género y propone otras medidas, como ampliar la cobertura de la Ley Integral de manera que se pueda prohibir, con una modificación en el texto, ley la concesión de la guarda y custodia compartida de los hijos a los padres que hayan cometido violencia de género.
Por último, UPyD apuesta por crear planes policiales personalizados para las víctimas que se encuentren en un mayor riesgo que se revisen periódicamente, profundizar en la prevención de la violencia y en la formación de todos los jueces que trabajen con ella. Además, considera "muy necesario" reevaluar la Ley Integral porque, dice, es "injusta" en algunos de sus planteamientos básicos.
