BILBAO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) realizó hoy un llamamiento a reflexionar sobre "el compromiso del Estado de Derecho en favor de la libertad personal y colectiva" ante "los reiterados" atentados de ETA, e instó a exigir a los poderes públicos "que respeten y hagan respetar la Ley, con todas sus consecuencias", porque sólo de esta forma se sentarán las bases del fin de la violencia. Además, destacó que, en los actuales Estados de Derecho, "no tienen cabida los poderes públicos sin regulación ni los actos de poder incontrolables".
En su discurso en el acto de apertura del Año Judicial, celebrado en el Palacio de Justicia de Bilbao, Ruiz Piñeiro se refirió a los repetidos "ataques terroristas" a los palacios de Justicia y dependencias judiciales", el último el de Tolosa, y señaló que éstos "invitan a reflexionar sobre el compromiso del Estado de Derecho en favor de la libertad personal y colectiva".
En este sentido, se refirió meditar sobre "la libertad del militar asesinado en Santoña", Luis Conde de la Cruz, del ex concejal del PSE-EE de Arrasate, Isaías Carrasco, o sobre "la libertad de tantas personas", como la del magistrado de la Audiencia Provincial de Bizkaia, José María Lidón, asesinado en noviembre de 2001 "cuando se dirigía a este mismo Palacio de Justicia".
También citó a todos los ciudadanos que están "sujetos a la violencia de persecución", entre los que se incluyó, y que deben "vivir bajo severas medidas de protección personas" en Euskadi y Navarra, "por razón de profesión o de cargo público, o por razón de partido político, PP, PSOE, UPN, que les promovió a su condición de electo".
El máximo representante del alto Tribunal vasco tampoco quiso olvidar "a las familias de los empresarios sometidos a extorsión económica" y a los profesionales de los medios de comunicación.
"Debemos recordar que la legitimación del Poder Judicial, como la de los demás poderes públicos en nuestro Estado Social y democrático de Derecho, se funda en la obtención y en la preservación de un orden de convivencia pública en el que se garantice la libertad de los ciudadanos, iguales ante la Ley", añadió.
A su juicio, "la legitimación de los poderes públicos", tal como establece el artículo 9.2 de la Constitución, "tiene como medida su contribución a la libertad en igualdad, real y efectiva, de las personas y los grupos en los que las personas" se integran. "Y así ha sido desde los orígenes del constitucionalismo", indicó.
Ruiz Piñeiro afirmó que "es en el constitucionalismo moderno donde nace el sistema de garantías que permite anudar la democracia con el Estado de Derecho, el cuidado de la libertad real y efectiva con la protección de la democracia". "Hay una conexión clara entre el principio de la libertad y el principio de la democracia", aseveró.
En esta línea, aseguró que en los actuales Estados de Derecho "no tienen cabida los poderes públicos sin regulación ni los actos de poder incontrolables", sino que "todos los poderes se encuentran limitados por deberes jurídicos, relativos no sólo a la forma, sino también a los contenidos de sus ejercicio, cuya violación es causa de invalidez de los actos, accionable judicialmente, y, al menos en teoría, de responsabilidad para sus autores".
Asimismo, asumió las palabras del prestigioso jurista Luigi Ferrajoli, cuando afirmó que "la primera regla de todo pacto constitucional sobre la convivencia civil no es, en efecto, que se debe decidir, sobre todo, por mayoría, sino que no se puede decidir -o no decidir, sobre todo, ni siquiera por mayoría".
"Incluso la democracia política más perfecta, representativa o directa, sería un régimen absoluto y totalitario si el poder del pueblo fuese en ella ilimitado, sus reglas son, sin duda, las mejores, pero no bastan para legitimar cualquier decisión", manifestó.
En esta línea, defendió en que los actuales Estados de Derecho se mantenga "el monopolio jurisdiccional en cuanto a la efectividad jurídica de la garantía de los derechos de libertad, el monopolio del Tribunal Constitucional en la garantía de la adecuación a la Constitución de las leyes producidas por las Cortes y por los Parlamentos de las Comunidades Autónomas, y el monopolio de los jueces en el primer enjuiciamiento relativo a la tutela de los derechos y libertades fundamentales".
"Por tanto, gobierno por la Ley y no por las personas. No se puede hablar de democracia, si no se vincula a la libertad, y ambas dentro de los límites que fije la ley, pues, en el mundo moderno, sólo se puede vivir en libertad bajo el imperio de la ley. De hecho la parcial falta de libertad que hoy sufrimos los vascos se debe, en buena medida, al no respeto de la Ley", subrayó.
"REIVINDICAR LA LIBERTAD"
En este sentido, recordó que los ciudadanos vascos, "en el año 2008", todavía deben "reivindicar su libertad". "Es verdad que somos libres, vivimos en democracia y existen unos poderes públicos y un poder judicial que garantizan nuestros derechos, pero falta dar el salto definitivo para conquistar de forma irreversible nuestra libertad", dijo.
Por ello, emplazó a exigir "nuestros derechos individuales, que nuestros poderes públicos nos los garanticen de forma efectiva". "Exijamos que nuestros poderes públicos respeten y hagan respetar la Ley, con todas sus consecuencias", añadió.
A su entender, el día en que la sociedad, en su conjunto, se comporte así", se habrán "sentado las verdaderas bases para la desaparición de la violencia, del asesinato, de la extorsión y la coacción". "Habremos constituido una sociedad libre, sin puntos tenebrosos", concluyó.
En la apertura del año Judicial estuvieron presentes los máximos representantes de la Judicatura y la Fiscalía vasca, como la Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma Vasca, María Angeles Montes, que también intervino en el acto. También estuvieron presentes el consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, y la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Margarita Uria.