MÉRIDA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Asamblea de Extremadura celebrará este próximo jueves, día 24, una sesión plenaria no programada en la que será aprobada previsiblemente una Propuesta de Ley, formulada conjuntamente por el Grupo Socialista y el Grupo Popular, y que pretende modificar la ley del suelo regional con el objetivo de "aclarar" la intención de dicha norma respecto a la autorización de actuaciones en suelo no urbanizable protegido, como la referida al PIR Isla de Valdecañas.
Según han informado el portavoz adjunto del Grupo Socialista y la portavoz del Grupo Popular, Francisco Macías y Teresa Angulo, respectivamente, tras una reunión este martes de la Junta de Portavoces, la iniciativa será debatida mediante el procedimiento de lectura única, y se sustanciará mediante una intervención de 10 minutos máximo por parte de cada grupo parlamentario.
La Junta de Portavoces ha rechazado además, con el voto en contra del Grupo Socialista, una solicitud de comparecencia, a petición del Grupo Popular, de la consejera de Sanidad y Dependencia, María Jesús Mejuto, para dar explicaciones sobre una posible desviación de alimentos excedentarios de la UE por parte de la empresa que está siendo investigada por esta cuestión en la comunidad.
ARTÍCULO 11
En concreto, será debatida la modificación del artículo 11 de la Ley del Suelo de la comunidad con un fin "meramente aclaratorio", con el objetivo de establecer "lo que era la voluntad del legislador en cuanto a la redacción de ese concreto artículo", y como consecuencia de las "interpretaciones jurídicas" que sobre el mismo han podido surgir, ha explicado Teresa Angulo.
De este modo, la modificación "meramente aclaratoria" pretende "evitar que el suelo contenido en ese artículo no pueda ser susceptible de modificación de clase alguna por parte de los distintos planificadores urbanísticos, incluidos los propios ayuntamientos, siempre y cuando dicho cambio no esté expresamente prohibido en las normas de uso, en los planes de uso y gestión de dicho suelo", y "siempre desde luego puesto en relación con el cumplimiento de la legislación sectorial que en ese momento le resulte de aplicación".
Por su parte, Francisco Macías ha insistido en que la propuesta de reforma de la Ley del Suelo surge "fruto de un pacto" entre el PSOE y el PP en la cámara autonómica y "no" del Gobierno regional, así como en que la misma trata de "aclarar" la interpretación del 11.b de dicha normativa.
Asimismo, los objetivos de la proposición de ley son, según Macías, "dejar claro que el suelo que está dentro de la Red Natura 2000 puede calificarse de urbanizable siempre que se mantengan las medidas que contempla la legislación medioambiental", ha explicado Macías.
De igual modo, pretende "no impedir que el 30 por ciento de Extremadura no pueda tener un desarrollo sostenible"; así como que "80 municipios que tienen el cien por cien de su territorio dentro de la Red Natura 2000 tengan las mismas oportunidades que el resto de los pueblos y ciudades de Extremadura dentro de un desarrollo sostenible y con respeto a la legislación medioambiental", ha añadido el socialista.
En la misma línea, Francisco Macías ha señalado que la medida "es una aclaración que el Legislativo quiere hacer de su propia ley, de la Ley del Suelo aprobada en la cámara (autonómica)".
ALIMENTOS
Por otra parte, en cuanto a la solicitud de comparecencia para informar sobre actuaciones que el Gobierno regional esté pudiendo llevar a cabo por la situación de empresa o empresas que "supuestamente han prestado servicios propios de la Ley de Dependencia sin la necesaria acreditación por parte de la administración competente", Teresa Angulo ha considerado que Sanidad y Dependencia "debería dar explicaciones" sobre dicho caso, en tanto que dicha acreditación "es competencia de la Administración autonómica, al igual que las labores de inspección y control de todas estas empresas que prestan estos servicios".
Finalmente, la 'popular' ha lamentado el rechazo del PSOE a la comparecencia, y ha criticado que la negativa se base a su juicio en "la baladí argumentación de que no es una cuestión de la Junta de Extremadura sino de los ayuntamientos que tienen suscritos los convenios con las empresas". "Creemos (el PP) que (la argumentación socialista) es tirar balones fuera", ha dicho.
