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MÉRIDA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Campamento Dignidad de Extremadura anuncia una campaña de "boicot" al transporte escolar a partir de la semana próxima si no reciben noticias con respecto al restablecimiento de la gratuidad de este servicio para los alumnos de la región.
Este boicot consistirá en "impedir que salgan los autobuses hasta los institutos", según ha indicado en declaraciones Manuel Cañada, miembro del colectivo, a los medios de comunicación este lunes, y asimismo ha hecho un llamamiento "a la desobediencia civil" a todos los padres de alumnos para sumarse a esta iniciativa.
"Hasta que no se arregle el problema del transporte escolar gratuito en los institutos, que no haya transporte escolar", ha dicho Cañada, quien ha añadido que harán "todo" lo que esté en su mano para lograrlo.
Según ha indicado, el transporte escolar tiene una repercusión en los hogares "enorme", y ha calculado en 100 euros mensuales el coste para una familia si un alumno tiene que recorrer 10-12 kilómetros para ir al instituto, lo que supone el 25 por ciento de los ingresos de un hogar en el que reciben los 426 euros del paro.
En concreto, el colectivo reclama el restablecimiento de la gratuidad del transporte escolar para todo el alumnado extremeño de Formación Profesional, Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) y Bachilleratos, por lo que afecta a más de 6.000 alumnos en Extremadura.
La gratuidad del transporte escolar es uno de los cuatro asuntos principales que el colectivo abordará con los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura, con quienes este lunes ha iniciado una ronda de encuentros al reunirse con el Grupo Mixto IU-Verdes-Siex.
Los otros asuntos que quieren tratar son el reglamento de la Renta Básica, la creación de 25.000 empleos públicos a través de un plan especial, y la situación de los pisos sin acabar, con el fin de destinarlos a familias que no tienen vivienda.
Así, sobre la Renta Básica de Inserción, Cañada ha señalado que el desarrollo del reglamento ha incluido restricciones a la ley en distintos aspectos, que afecta jóvenes emancipados, autónomos, pensiones complementarias y de alimentos, vehículos, entre otros.
Asimismo, se ha quejado de que el propio colectivo, que ha promovido la aprobación de la renta básica, con el impulso de la Iniciativa Legislativa Popular (IPL) y la recogida de más de 27.000 firmas, haya quedado excluido de la Comisión de Seguimiento del movimiento por la Renta Básica.
Con respecto al empleo público, ha recordado que este martes comienza la primera marcha en la que el colectivo reclama la creación de un plan especial con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2014, con el fin de crear 25.000 empleos públicos.
Finalmente, quieren abordar la paralización de "todos los desahucios", así como tratar una propuesta en relación con las viviendas inacabadas de la Urbanización El Prado, que podría extenderse a otras promociones, con el fin de que sean expropiadas por la Administración regional y puedan ponerse a disposición de las familias sin recursos y sin vivienda.
