Sindicatos sitúan el apoyo entre el 90 y el 95%, y la Xunta lo reduce a menos del 40% sin contar servicios mínimos ni ausencias justificadas
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
El parón "masivo" en el arranque de la primera huelga indefinida de la justicia en Galicia ha provocado, según la estimación de los sindicatos, la suspensión de cientos de juicios --unos 500 en las ciudades, a los que habría que sumar los de las localidades intermedias, por lo que la cifra podría alcanzar los 700--, así como de miles de trámites y otro tipo de procedimientos jurídicos en la comunidad.
Representantes sindicales consultados por Europa Press inciden en que calcular el número de acto judiciales suspendidos en esta primera jornada es "complicado" y aluden a los 700 juicios "como estimación", pero sí tienen cifras concretas del seguimiento por parte de los trabajadores ligados al sector judicial gallego, que sitúan entre el 90 y el 95 por ciento.
Por ciudades, en A Coruña, Ferrol y Lugo el seguimiento ha rondado, según calculan los sindicatos, el 85 por ciento; mientras que en Santiago ha rozado el 93 por ciento; en Ourense se ha situado en el 93,7 por ciento; en Pontevedra en el 94 por ciento; y en Vigo se ha aproximado al 95 por ciento.
Por su parte, la Xunta ha rebajado el porcentaje de seguimiento de la primera jornada de la huelga indefinida en la justicia al 38,74 por ciento, es decir, 1.046 trabajadores de un total de 2.700. Con todo, el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, ha explicado que este dato no computa las ausencias justificadas y los servicios mínimos.
El argumento para no incluir los servicios mínimos en su cómputo --los sindicatos sostienen que los trabajadores de servicios mínimos han cumplido su responsabilidad en los trámites urgentes, pero no han hecho en ningún caso "una labor ordinaria"-- es que no se puede comprobar que todos ellos desearían hacer huelga.
Si se sumasen estas ausencias y los servicios mínimos, la propia Xunta admite que el seguimiento de la huelga se situaría en un 71 por ciento. Un seguimiento "importante", según ha reconocido el director xeral este miércoles, aunque también ha concretado que "descendió" desde el último paro previo a la huelga indefinida.
LLAMADAS AL DIÁLOGO POR LAS DOS PARTES
En todo caso, el director xeral ha admitido que los retrasos, la acumulación del trabajo en los juzgados y el "perjuicio" para los ciudadanos es obvio, al tiempo que ha garantizado --como hizo el propio presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo-- que las puertas al diálogo siguen abiertas, no sin recalcar que fue el comité de huelga el que "se levantó en la última reunión, se encerró y después se fue".
También el comité de huelga (en el que están representados CSIF, SPJ-USO, AXG-CUT, UGT, STAJ, CIG y CC.OO.) defiende que ellos están dispuestos a negociar, pero acusan a la Xunta de "mentir", con el foco en el vicepresidente, Alfonso Rueda. También se queja de que no se haya atendido a su demanda de que el Consello Galego de Relacións Laborais vuelva a participar como mediador en las negociaciones, ya que fueron en los encuentros en los que participó en el que hubo "más avances".
Además, los funcionarios judiciales han protagonizado concentraciones ante los juzgados de las ciudades gallegas coincidiendo con la primera jornada de huelga.
En la de Santiago, donde se han concentrado en torno a un centenar de trabajadores, Manuel Tejada, de SPJ-USO en Galicia, ha acusado, precisamente, a la Xunta de intentar "engañar" con una oferta que, lejos de ser "generosa", resulta "pírrica".
PROPUESTAS SOBRE LA MESA
Mientras, la Xunta mantiene que el aumento salarial del complemento transitorio que demanda el comité de huelga y que cifra "en unos 3.000 euros al año" por trabajador judicial es "absolutamente inasumible" para las arcas públicas gallegas, e insiste en que la propuesta autonómica sitúa las retribuciones de los funcionarios judiciales de la comunidad "por encima de la media".
En concreto, la Xunta plantea un incremento de 75 euros al mes (900 euros al año) para los gestores; 62 euros al mes (744 al año) para los tramitadores; y 55 euros al mes (660 al año) para los auxilios. Eso sí, el incremento, que tendría efectos a partir del 1 de enero de 2019, se aplicaría en tres anualidades.
Además, la propuesta recoge que este aumento en el complemento es compatible con mantener el concepto retributivo de 'IPC gallego', que ya perciben los funcionarios por trabajar en la administración autonómica gallega y que supone en torno a 9 euros al mes para los gestores; 8 euros al mes para los tramitadores; y 7 euros al mes para el cuerpo de auxilios.
A los sindicatos no les satisface la propuesta económica, ni tampoco el hecho de que se posponga el arranque de su aplicación hasta el 1 de enero de 2019. Además, inciden en que el hecho de que se realice en tres anualidades supondría que no cobrarían el total comprometido hasta 2021. Este miércoles, aunque "por prudencia se plantean tres anualidades", el director xeral de Xustiza planteó la posibilidad, en función del "marco legal vigente", de que la subida se pudiese "concentrar en dos".
Eso sí, el Gobierno gallego dice que la aplicación en 2018 de un incremento podría contravenir la normativa básica (la Ley de los Presupuestos Generales del estado) y no se puede formalizar. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, subrayó este mismo miércoles que sería "ilegal" aplicarla este año, en la misma línea que Juan José Martín.
La "discriminación" en las bajas por las enfermedades temporales es otro de los puntos enquistados. En cuanto a las reivindicaciones restantes, relativas a cuestiones de consolidación de empleo, amortizaciones y cobertura laboral de compañeros con otro rango, la Xunta defiende que hay acuerdo, aunque el comité de huelga ve avances con matices.
A CORUÑA, FERROL, SANTIAGO, LUGO Y OURENSE
En A Coruña, donde unas 200 personas se han concentrado ante los edificios de los nuevos juzgados, Javier Fernández, portavoz de los sindicatos convocantes, ha manifestado su satisfacción por el seguimiento y la lamentado la "repercusión" en los ciudadanos por la suspensión de juicios y el aplazamiento de declaraciones, entre otros actos jurídicos.
Y es que, por ejemplo, en los registros solo se han formalizado los trámites por nacimiento y las licencias para enterramiento, al entender que son servicios esenciales. Entre los aplazamientos judiciales significativos está el del juicio contra la exalcaldesa de Betanzos María Faraldo (PP) por la supuesta contratación irregular de un trabajador.
En Lugo, con 182 trabajadores, 155 están en huelga y 27 han trabajado, según los cálculos sindicales; lo que situaría el seguimiento en un 85 por ciento. Más elevada es la participación en Ourense, de un 93,7 por ciento, y donde se suspendieron 67 juicios y seis declaraciones en instrucción.
En Santiago, con un seguimiento del 93 por ciento, las vistas aplazadas rondan la treintena; mientras que en Ferrol, con un seguimiento en torno al 85 por ciento, se celebraron solo algunas vistas ligadas a cuestiones de violencia machista y con acusados que provienen de prisión.
PONTEVEDRA Y VIGO
El seguimiento en la provincia de Pontevedra es elevado, con un 94 por ciento en la ciudad, y casi un 95 por ciento en Vigo, donde hay una media diaria de 80 juicios y donde se ha suspendido prácticamente toda la actividad judicial. Por ejemplo, en los juzgados de lo social ha quedado suspendida toda actividad salvo vistas de familia en las que hay "medidas cautelarísimas".
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), por su parte, ha informado de que, en lo que respecta a las Audiencias, en Vigo y Ourense se suspendió la actividad. En A Coruña celebró la Sección Primera --fue una conformidad--, mientras que la Segunda y la Sexta (Santiago) suspendieron. En la de Lugo no había juicios fijados y tampoco en la de Pontevedra.
