BUENOS AIRES, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -
La procuradora general de Argentina, Alejandra Gils Carbó, ha ratificado este miércoles un fallo anterior que ordenó suspender el aumento de la subida del precio de gas decretado por el Gobierno de Mauricio Macri, al considerar que la falta de audiencia pública vulneró derechos fundamentales.
Macri, que llegó a la Casa Rosada el pasado 10 de diciembre, ordenó un aumento de la tarifa del gas en marzo con el compromiso de reducir los subsidios que el Estado paga para mantener bajos los precios de la energía.
La Sala Segunda de la Cámara Federal de Apelaciones revocó una sentencia en primera instancia que dio la razón al Gobierno y declaró la nulidad de los decretos presidenciales que consumaron el conocido popularmente como "tarifazo".
El Ejecutivo recurrió la decisión judicial, pero Gils Carbó ha dado la razón a la Cámara Federal de Apelaciones confirmando la congelación del precio del gas porque, según argumenta, el Gobierno no respetó el proceso legal al saltarse la audiencia pública requerida y con ello vulneró derechos protegidos constitucionalmente.
"El aumento tarifario no pudo ser válidamente implementado sin la realización previa de una audiencia pública dado que la Ley de Gas Natural impone ese mecanismo como herramienta para garantizar el derecho constitucional de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores", ha esgrimido la procuradora general.
Gils Carbó ha sostenido que, "si bien es facultad del Ejecutivo definir la política pública en esta materia, el control judicial debe garantizar que su implementación se realice de acuerdo al marco legal vigente y sin afectar Derechos Humanos y fundamentales vinculados a la accesibilidad al gas".
"El acceso al servicio básico del gas es indispensable para la continuidad de la actividad económica de los comerciantes, las empresas --en especial, las pequeñas y medianas--, las fábricas recuperadas y las cooperativas, de las cuales depende en gran medida la conservación de las fuentes de trabajo", ha recordado, según informa Télam.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, ya ha adelantado que el Gobierno llevará el asunto hasta el Tribunal Supremo. "Es importante", ha dicho, argumentando que "el sector energético en general está en una situación de crisis que viene desde hace años y requiere definiciones para poder revertirla".
Garavano ha defendido además que "la definición sobre el tema de las tarifas es algo que la Constitución asigna al Poder Ejecutivo, incluso a organismos muy específicos, como los entes de control de gas", aunque ha aclarado que no quiere generar polémica porque "venimos de una década de mucho conflicto entre la Justicia y el poder político".
El "tarifazo" es una de las principales batallas de Macri. El Gobierno lo ha convertido en el buque insignia de las reformas económicas que planea, lo que ha suscitado una fuerte contestación social, con caceroladas multitudinarias en todo el país.
