Bruselas sopesa reducir el tiempo de conservación de los datos de las telecomunicaciones

   La Comisión Europea sopesa reducir el tiempo de conservación de los datos de las telecomunicaciones, que los operadores están obligados a retener para investigaciones sobre terrorismo u otros delitos graves, con el fin de garantizar una mejor protección del derecho a la intimidad.

   Según la legislación comunitaria, los operadores están obligados a conservar los datos de llamadas telefónicas y correos electrónicos (hora, localización geográfica de origen y destino, duración, pero no contenido) durante un periodo de entre 6 y 24 meses. La norma se adoptó en respuesta a los atentados terroristas islamistas de Madrid en 2004 y Londres en 2005.

   El Ejecutivo comunitario ha aprobado este lunes un informe de evaluación sobre el funcionamiento de esta directiva cuya conclusión es que la retención de datos sigue siendo importante para garantizar la seguridad pero que existen "deficiencias importantes" por las diferencias de aplicación entre los Estados miembros, según ha dicho la comisaria de Interior, Cecilia Malmström.

   Por ejemplo, los periodos de conservación varían entre seis meses y dos años, y los fines para los que puede accederse a los datos, y utilizarlos, así como los procedimientos legales para acceder a ellos, difieren considerablemente.

   Además, Bruselas considera que "mientras no se establezcan más medidas de protección, seguirá existiendo el riesgo de que se produzcan violaciones de la seguridad de los datos".

   Por todo ello, la comisaria de Interior se ha comprometido, después de escuchar la opinión de todas las partes interesadas, a revisar la directiva para "adoptar una reglamentación más estricta del almacenamiento de los datos, el acceso a los mismos y su utilización".

   En concreto, la Comisión quiere "coherencia en la limitación de los objetivos de la detención de datos y en los tipos de delito para los que se podrá acceder y utilizar los datos retenidos". También plantea una "mayor armonización y, un posible acortamiento, de los plazos de detención obligatoria de los datos".

   El Ejecutivo comunitario pretende finalmente limitar las autoridades que tendrán acceso a estos datos y reducir las categorías de datos que se conservan.

   De acuerdo con los datos de Bruselas, el coste de poner en marcha un sistema de retención de datos para un proveedor de acceso a Internet se sitúa en alrededor de 375.000 euros el primer año y 10.000 euros en costes operativos.

   El bajo nivel general de armonización puede, según la Comisión, causar dificultades a los prestadores de servicios de telecomunicaciones, especialmente a los operadores de menor tamaño. Las compensaciones que reciben los operadores por los costes que conlleva conservar los datos y facilitar el acceso a los mismos varían en la UE. Bruselas estudiará formas de reembolsar estos costes de manera más coherente.