MURCIA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Begoña García Retegui, ha denunciado públicamente que el Gobierno regional se niega a pagar la Renta Básica de Inserción a los nuevos beneficiarios que han acreditado estar en situación de necesidad a partir de abril de este año.
Cabe recordar que esta Renta Básica de Inserción es una ayuda mensual de cuantía variable que se concede a las personas o familias sin ningún tipo de recurso y que, incluso, han agotado el paro, con el fin de atender sus necesidades básicas y facilitar su inserción social.
García Retegui ha afirmado que a fecha del pasado mes de abril se habían presentado 744 expedientes que habían acreditado reunir los requisitos necesarios para recibir la Renta. En total, con estos expedientes se beneficiaría a unas 1.750 personas, puesto que cada Renta puede servir de ayuda a solicitantes con gente a su cargo.
No obstante, la responsable socialista explica que estos expedientes son los que se habían presentado en abril, pero añade que desde entonces no se ha aprobado ninguno, por lo que la cifra de ayudas no admitidas acumuladas "sería mayor". Incluso, recuerda que la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) de la Región calcula que habría hasta 8.000 familias en situación de acogerse a la Renta.
García Retegui recuerda que el PSOE presentó una moción en la Asamblea Regional para aclarar este retraso de seis meses en la resolución de expedientes de solicitud de la Renta Básica de Inserción, y para exigir a la Consejería de Sanidad y Política Social que resolviera "de inmediato" los expedientes, "procediendo a la transferencia de crédito necesaria".
Sin embargo, la Mesa de la Asamblea Regional derivó la moción al Consejo de Gobierno autonómico, que rechazó admitir a trámite la petición al considerar que supone "un aumento de gasto".
En este sentido, García Retegui rechaza los argumentos esgrimidos por el Gobierno regional de que "no hay crédito" y recuerda que la Ley de Renta Básica y la Ley de Presupuestos "establecen claramente que las personas que tienen derecho a esta renta deben cobrarla independientemente de los créditos consignados", porque se trata de un derecho "subjetivo".
