Caamaño apoyará la transferencia a las comunidades autónomas de la gestión del personal al servicio de la Justicia

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguró hoy que su departamento apoyará la transferencia a las comunidades autónomas de la competencia de la gestión del personal al servicio de la Administración de Justicia, del mismo modo que se ha hecho ya en sectores como el de la educación y la sanidad.

Caamaño mantuvo esta mañana un encuentro con los consejeros del ramo de las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de Justicia para hablar sobre el sistema de Justicia Gratuita y la Nueva Oficina Judicial.

A la salida de la reunión varios consejeros aseguraron que habían trasladado al ministro su malestar porque, en su opinión, ha habido pocos avances en ambas cuestiones. En concreto, los consejeras de Galicia, Alfonso Rueda, Madrid, Francisco Granados, y Cataluña, Montserrat Tura, coincidieron en su exigencia de que se transfiera a las comunidades la competencia sobre el personal que trabaja para la Administración de Justicia.

A preguntas de los medios, Caamaño aseguró que esta transferencia "es posible" y le parece "una buena opción", pero apuntó que, dado que en este momento está "en pleno despliegue" la nueva oficina judicial, es necesario "consensuarlo con los sindicatos y también políticamente", porque hay que modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En cualquier caso, aseguró que su Ministerio apoyará "sin duda" esta iniciativa porque le parece "razonable que si las comunidades autónomas son las responsables de la organización de los tribunales y juzgados en sus comunidades" pueda transferirse también la gestión del personal al servicio de la Administración.

RACIONALIZAR LA JUSTICIA GRATUITA

Por lo que se refiere a la Justicia Gratuita, Caamaño aseguró que se está trabajando junto con las comunidades para tener un anteproyecto de ley "lo antes posible" y "racionalizar" este beneficio y "dar una mejor atención a los ciudadanos, simplificar algunos trámites y ahorrar costes burocráticos en su tramitación".

"La idea --explicó-- es simplificar todo el procedimiento colaborando estrechamente con los colegios de abogados, racionalizar el mecanismo para facilitar la gestión y ahorrar algunos costes que no tienen nada que ver con la atención que recibe el ciudadano, sino que son costes de gestión del proceso".