MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario popular en el Congreso ha presentado una Proposición no de Ley para instar al Gobierno a promover la creación de un fondo de garantía de bienes tangibles gestionado por el Banco de España y por el Fondo de Garantía de Inversiones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para dar una solución a los afectados por Fórum Filatélico y Afinsa
En el texto de la proposición, con fecha del pasado 26 de marzo y al que tuvo acceso Europa Press, el PP también pide que se exima de las obligaciones fiscales derivadas de la titularidad de los bienes tangibles a los 460.000 perjudicados por la presunta estafa.
Asimismo, los populares solicitan al Gobierno la adopción de medidas que permitan la búsqueda de un nuevo empleo a los trabajadores de las filatélicas que se quedaron en el paro tras la intervención judicial del 9 de mayo de 2006.
El PP pide que se debatan estas propuestas dentro de la Comisión de Economía y Hacienda y acusa al Gobierno de "desprecio, olvido y abandono" de los afectados durante los tres años transcurridos desde la intervención judicial, tras la denuncia presentada por la Agencia Tributaria.
"En la actualidad el Gobierno está empleando miles de millones de euros en todos los contribuyentes para paliar la crisis económica y no se comprende que el mismo Gobierno no haya adoptado en tres años ninguna medida para los empleados y afectados de Fórum y Afinsa", mantiene el PP en el documento.
El PP recuerda que "miles de afectados" han solicitado ante los tribunales la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado, que en caso de resoluciones favorables, podrían suponer "un deterioro de las arcas del Estado".
La pasada semana, la Federación de Afectados Filatélicos (FAF) reclamó al ex ministro de Economía y vicepresidente segundo del Gobierno del PP en 2002, Rodrigo Rato, que se ponga a disposición de la Justicia para explicar la desregulación del sector de las filatélicas, dentro de las investigaciones por responsabilidad del Estado.
Esta petición llegó tras hacerse público que en 2002 los servicios jurídicos del Ministerio de Economía y Hacienda, el Banco de España, la Dirección General del Tesoro y Políticas Financieras y la Comisión Nacional de Mercados de Valores (CNMV) debatieran y plasmaran por escrito sus dictámenes sobre la falta de regulación de las empresas y sobre quién debía tener la competencia del control sin evitar que siguieran captando clientes.
